Proyecto De Ley  Nro:3527/2017
Extracto:MODIFICA EL INCISO B) APARTADO B.5 DEL ART. 6º DE LA LEY 1886-M - ADHESIÓN A LA LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERESEstado:En Trámite -
Fecha de Presentacion
10/08/17 10:46
Oficina:Comisiones  
  
Autores:Diputado Celeste Luz Marina Segovia,
ultima actualizacion





LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DEL CHACO
SANCIONA CON FUERZA DE LEY N°

ARTÍCULO 1°: Modifíquese el inciso b), apartado b.5. del artículo 6° de la L. 1886.M- adhesión a la ley de Protección Integral a las Mujeres-, el que quedará redactado de la siguiente manera:
ARTÍCULO 6: ...
a)...
b) Sin perjuicio de las medidas establecidas en el inciso a) del presente artículo, en los casos de la modalidad de violencia doméstica contra las mujeres, rigen además las siguientes medidas preventivas urgentes:
b.1...
...
"b.5. Fijar, de oficio o a pedido de parte, una cuota alimentaria provisoria, siempre y cuando se trate de una pareja donde exista o haya existido un vínculo matrimonial o de unión convivencial, existiendo o no hijos o hijas en común, teniendo en cuenta los antecedentes obrantes en la causa y las normas que rigen la materia.
Siendo deber del juez o la jueza pronunciarse, fundadamente, acerca del otorgamiento o no de la medida, bajo pena de nulidad.

ARTÍCULO 2°: De forma.



F U N D A M E N T O S
Sra. Presidenta:
El presente proyecto de ley que hoy someto a la consideración de mis pares ha sido una iniciativa del Consejo Consultivo de Genero del Municipio de la ciudad de Resistencia, el cual en fecha 24 de julio del corriente año presento con nota dirigida a mi persona, en mi calidad de legisladora, el anteproyecto de ley.
El Consejo Consultivo de Género el día 8 de mayo del pasado presente tuvo la deferencia de invitarme a su seno para analizar la legislación vigente con perspectiva de género. De dicha plenaria participo el Sr. Intendente, Cr. Jorge Milton Capitanich, y expresó la preocupación por la situación de las víctimas de violencia de género y la obtención de a una cuota alimentaria en la propia medida cautelar que la justicia otorga a su favor. La integralidad de los miembros compartieron tal preocupación y es así que se acordó que los mismos analizarían y elaborarían un anteproyecto de reforma de la L. 1886 M. de adhesión al régimen de Protección Integral a las Mujeres.
El Consejo Consultivo de Género, Sra. Presidenta es un órgano asesor, informativo, de carácter técnico y político que procura interpretar las necesidades e intereses de las mujeres que viven en Resistencia.
Adjunto, como parte de los fundamentos, la nota elevada por el digno Consejo Consultivo de Genero del Municipio y el anteproyecto elaborado por los señores consejeros.
Por ello es que: El más íntimo fundamento en las demandas canalizadas por mujeres chaqueñas, para lograr la fijación de una cuota alimentaria provisoria como medida urgente en los términos conferidos por la viejo texto de la ley 6689, texto reemplazado por la numeración alfanumérica L. 1886. M
Urge en la coyuntura actual que asistimos que el acceso a la justicia de partes de las mujeres víctimas de las violencias sea expedito y eficaz, y evitar el ergo camino burocrático de tener que recurrir por otra vía judicial para el logro de una cuota alimentaria, vía en la cual deberá cruzarse con su agresor, a quien se le impuso una medida restrictiva con antelación, pero a la hora de la fijación de una cuota deberá volverlo a ver.
Nuestra legislación provincial en materia de protectoria es profusa y de vanguardia, pero a veces el espíritu del legislador a la hora de la sanción de una ley es olvidado en la aplicación efectiva de la norma.
Chaco adhirió parcialmente a la 26485, por Ley 6689, el 25 de noviembre de 2010. Es decir no al total contenido de la norma nacional. Entre otros artículos, al 26, inciso a) y sus apartados 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 e inciso b) y sus apartados 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 10, posteriormente, se adhiere a la totalidad de la norma nacional, a través, de la Ley Provincial N° 7717 (Modifica los Artículos 1º, 2º, 3º, 5º, 6º, 7º y 9º e incorpora los Artículos 10, 11, 12, 13 y 14 de la Ley 6689), autoría del poder ejecutivo en el año 2015.
La Ley Nacional 26485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, en su artículo 26, inciso a), determina las medidas preventivas urgentes que el/la juez/a interviniente podrá ordenar, en cualquier etapa del proceso, de oficio o a petición de parte, de acuerdo a los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres definidas en esta norma.
Asimismo, el inciso b) del mismo artículo, determina que cuando se trate de un caso de la modalidad de violencia doméstica contra las mujeres, el/la juez/a podrá ordenar otras medidas preventivas urgentes; entre otras, cuando se trate de una pareja con hijos/as, se fijará una cuota alimentaria provisoria, si correspondiese, de acuerdo con los antecedentes obrantes en la causa y según las normas que rigen en la materia.
Por último es importantísimo asegurar a las víctimas de las violencias la concesión de todas las medidas que hagan efectiva la continuidad de un sustento, que aseguren a la mujer víctima de violencia de género y a sus hijos/as tener una vida digna, garantizando así el acceso a una política determinada claramente por las normas supranacionales y nacionales, mencionadas anteriormente, y coadyuvando activamente el ejercicio de los derechos previstos en la ley 26.485.
Cuando la mujer ha dado el paso fundamental de llegar a la instancia de denuncia y reclamo efectivo de las medidas proteccionales que le asisten, tenga o no hijos/as con el agresor, es vital que la autoridad judicial procure en forma idónea y rápida, sin formalismos, sin amparadas en las herramientas legales con las que cuenta para cumplir acabadamente con los pactos internacionales.
Los jueces de la constitución, aquellas que la misma se encontrará en tal derrotero de lucha por sus derechos, deben asegurar su sustento y evitar cualquier menoscabo en los recursos económicos y patrimoniales de la misma, o limitándole o negándole el acceso a esos recursos. Recursos con los cuales venía cubriendo necesidades básicas de subsistencia, y que constituían, al mismo tiempo el elemento que aletargaba su decisión de denunciar y exigir el derecho a vivir una vida digna libre de violencia.
Nunca la interpretación legal de una norma puede funcionar como un valladar para que la mujer se inhiba de interponer la denuncia, tolerando maltratos y abusos en el seno del hogar, porque DEBE priorizar los alimentos de sus hijos antes que su propio bienestar y el de las personas a su cargo.
Dentro de los supuestos de este tipo, la ley 26.485 menciona la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna. (art 5 inc. c). El decreto reglamentario 1011/2010 plantea que en los casos en que las mujeres víctimas de violencia tengan hijos/as y éstos/as vivan con ellas, las necesidades de los/as menores de edad se considerarán comprendidas dentro de los medios indispensables para que las mujeres tengan una vida digna.
No solo las acciones son manifestaciones de violencia, sino también las omisiones cuando producen daño a las personas afectando su integridad física y/o psíquica.
Asimismo todo lo expresado se enmarca en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer "Convención de Belem do Pará", aprobada por Ley Nacional 24.632, garantiza a toda mujer el derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado; además, al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Asimismo, compromete a los Estados Partes a reconocer que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos.
Esta Convención, compromete a los Estados Partes a condenar todas las formas de violencia contra la mujer y adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dichas violencias. Para ello obliga a los Estados, entre otras acciones, a establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar su acceso efectivo al resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces.
Por Ley Nacional 23.179, del año 1985, se aprueba la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por resolución 34/80 de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979, y suscripta por la República Argentina el 17 de julio de 1980. En el año 1992, el Comité de Naciones Unidas que supervisa el cumplimiento de esta Convención (CEDAW, por sus siglas en inglés) reconoció que la falta de independencia económica obliga a muchas mujeres a permanecer en situaciones violentas.
Debemos justipreciar a nuestras mujeres, no solo como madres. No puede la cuota alimentaria fijarse solo para la víctima-madre y dejando tal decisión a la voluntad del magistrado que podrá o no fijar los alimentos.
Como legisladores debemos buscar la justicia, bregar por ella, y materializarla en acciones concretas. La antiguamente nombrada ley 6689 cuyo objeto es la adhesión de la provincia a la ley 26485, jamás puede ser aplicada en detrimento de del grupo de que se pretende proteger con la misma.
La pretendida modificación viene a despejar cualquier duda posible, tornando obligación del magistrado interviniente fijar cuota alimentaria en casos de violencia doméstica, apoyándose en los informes brindados por los equipos interdisciplinarios u otras probanzas colectadas en el trámite de la causa. Sin olvidar que tal decisión está sujeta a revisión y no menoscaba en forma alguna los derechos del violento-alimentante.
Existen los cambios acompañados por las leyes, y existen los cambios provocados por las mismas. Estamos en el segundo escenario. Aceptemos el desafío y avancemos hacia la concreción de la justicia.
Adjunto a la presente nota formal del Consejo consultivo d eg
Por todos los fundamentos vertidos es que solicito el acompañamiento de la presente iniciativa.
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