Proyecto De Ley  Nro:2609/2018
Extracto:ENMIENDA EL ARTÍCULO 144 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA DEL CHACO 1957-1994Estado:En Trámite -
Fecha de Presentacion
12/06/18 11:20
Oficina:Comisiones  
  
Autores:Diputado Nadia Soledad Garcia Amud,
ultima actualizacion
LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE CHACO
SANCIONA CON FUERZA DE LEY

ARTICULO 1°:Enmiéndase el artículo 144 de la Constitución de la Provincia del Chaco1957-1994, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"CONDICIONES, INCOMPATIBILIDADES E INMUNIDADES
ARTÍCULO 144: Para desempeñar el cargo de ministro se requierenlas mismas condiciones que para ser diputado. Rigen a su respectoiguales incompatibilidades e inmunidades previstas en el primer párrafo del artículo 102 de esta Constitución.".

ARTÍCULO 2°: Regístrese, incorpórese automáticamente a la Constitución Provincial1957-1994, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese al Poder Ejecutivo.-





FUNDAMENTOS

Sras. y Sres. Legisladores, la presente iniciativa de enmienda constitucional, tiene por objeto ejercer la función de Poder Constituyente Reformador que habilita el artículo 212 de la Constitución de la Provincia del Chaco 1957-1994 a esta Legislatura, con el fin de introducir un agregado al artículo 144 que venga a clarificar su redacción, específicamente, en cuanto a las inmunidades de los Ministros Secretarios del Poder Ejecutivo.
Prima facie, resulta conveniente destacar la facultad que autoriza el artículo 212 de la Carta Magna, que expresamente reza:
“ARTÍCULO 212: La enmienda o reforma de un artículo y sus concordantes, podrá ser sancionada por el voto de los dos tercios de latotalidad de los miembros de la Cámara de Diputados y será aprobada por la Consulta Popular prevista en el inc. 2º del artículo 2º de estaConstitución, convocada al efecto en oportunidad de la primera elección que se realice, en cuyo caso la enmienda o reforma quedaráincorporada al texto constitucional.
La enmienda o reforma de un artículo aprobada unánimemente por la totalidad de los miembros de la Legislatura, quedará incorporadaa la Constitución automáticamente.
Reformas o enmiendas, bajo ambas formas, no podrán llevarse a cabo sino con intervalos de dos años por lo menos.”.
En cuanto al escollo formal estipulado en el último párrafo del artículo 212, respecto al intervalo mínimo de dos (2) años entre reformas parciales, encontramos superado en razón de que la última enmienda data del año 2013, efectuada por Ley 7232, cuya sanción modificó en inciso 2) del artículo 90.
La motivación central de la propuesta se dirige a iluminar la letra del artículo que se busca reformar, dado que el Constituyente, tanto originario (de 1957) como derivado (de 1994), al echar mano a “remisiones” genéricas respecto a las condiciones, incompatibilidades e inmunidades –asimilando a aquellas que ostentan los Diputados-, se generan dualidades en la interpretación del mismo y que gozan de notoria actualidad a partir de los hechos de público y notorio conocimiento, que involucran a un Ministro del Poder Ejecutivo en funciones en una investigación penal procedente del Juzgado Federal, en la cual, se ordenó su detención y, en consecuencia, la Magistrada interviniente solicita el Desafuero del Funcionario.

Frente al presente estadio, se evidencian públicamente dos corrientes interpretativas, diametralmente contrapuestas, a saber:
1.- Por un lado, quienes sostienen que el trámite pertinente corresponde al “Procedimiento de Desafuero”, es decir, la quita de inmunidades consagrada en el artículo 103 de la Constitución Provincial y Reglamentado por Ley 1075-B (antes ley 4748);
2.- Por otro lado, quienes sostienen que el trámite correspondiente y aplicable a los Ministros del Poder Ejecutivo es el previsto en el artículo 120 –Juicio Político- y concordantes de la Carta Fundamental y su norma reglamentaria Ley 553-A (antes ley 3222).

En cuanto al temapuntual de las “Inmunidades” de los Ministros, habida cuenta de la redacción actual del artículo 144, inexorablemente cabe remitirnos al texto del artículo 102 de la Constitución Provincial, que sobre este tópico declara:
“ARTÍCULO 102: Los diputados son inviolables por razón de las opiniones vertidas y de los votos emitidos en el desempeño de sus cargos. Ninguna autoridad podrá interrogarlos, reconvenirlos, acusarlos o molestarlos por tales causas.
Desde el acto de su proclamación por el Tribunal Electoral o de su incorporación en el caso de los suplentes, hasta la cesación de sus mandatos, los diputados gozarán de completa inmunidad en su persona y no podrán ser detenidos salvo la circunstancia de ser sorprendidos en flagrante delito que merezca pena corporal, en cuyo evento se dará inmediatamente cuenta de la detención a la Cámara,con la información sumaria del hecho.”.
Por su parte, seguidamente la Norma Fundamental dice:
“ARTÍCULO 103: Cuando se promueva acción penal contra un diputado, la Cámara, por resolución fundada y con el voto nominal de dostercios de sus miembros, podrá suspenderlo en sus funciones y dejarlo a disposición del Juez competente para su juzgamiento.
Los legisladores desaforados serán reemplazados por todo el término de suspensión. La ley reglamentará el trámite deldesafuero y la incorporación de los suplentes.”.
Paralelamente, en cuanto al instituto del Juicio Político contemplado en la Sección Tercera – Capítulo Quinto del texto Constitucional, resulta conveniente a estos efectos transcribir lo dispuesto en artículos 120, 121 y 129 de la misma:
“ARTÍCULO 120: Están sujetos a juicio político, por incapacidad física o mental sobreviniente, por mal desempeño o falta de cumplimiento a los deberes de su cargo, por delito en el ejercicio de sus funciones o por delitos comunes, el Gobernador, el Vicegobernador, los Ministros del Poder Ejecutivo, los miembros y el Procurador General del Superior Tribunal de Justicia, los miembros del Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, el Fiscal de Estado, Contador General, Subcontador General, Tesorero General y Subtesorero General.”.
“ARTÍCULO 121: La denuncia de los funcionarios sujetos a juicio político será formulada ante la Cámara de Diputados por uno o más de sus miembros o cualquier persona.”.
“ARTÍCULO 129: El fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado y aun inhabilitarlo para el ejercicio de cargos públicos por tiempo determinado, sin perjuicio de la responsabilidad que le incumbiere con arreglo a las leyes ante los tribunales ordinarios.”.

Que, sin intención de tomar postura ni en favor ni en contra de las posiciones descriptas ut-supra, la finalidad de esta enmienda persigue sin más depurar la INMUNIDAD DE ARRESTO o DETENCIÓN reconocida a los Diputados Provinciales (art. 102) y al Gobernador y Vicegobernador (art. 140) por un lado, diferenciándolo de los Ministros Secretarios.
La piedra basal de tal distinción reside que tanto los Legisladores como la Fórmula a cargo del Poder Ejecutivo SON UNGIDOS POR LA VOLUNTAD POPULAR, mientras que los Sres. Ministros, son designados por el instrumento respectivo de quien ejerce el Poder Ejecutivo, es decir, por vía del Decreto.
En dicho sentido, son ciudadanos comunes que ejercen funciones públicas por decisión unilateral del Primer Mandatario Provincial (en concordancia con el art. 141, inc. 11, CP), pero no por una definición del Soberano Pueblo y esto, sin lugar a dudas, es la roca angular que los califica como personal de su “Gabinete”, es decir, en sentido genérico, por su desempeño son Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo, a cargo de las asuntos o negocios administrativos tales como los Secretarios de Estado, Subsecretarios Presidentes o Vocales de Organismos Autárquicos o Descentralizados, entre otras entidades del Sector Público Provincial.

Zanjada esta cuestión en los términos de la enmienda propuesta, estaremos avanzando como legisladores con una virtuosa y meridiana elocuencia en un doble sentido concreto:
La Cámara de Diputados no se verá involucrado en la dimisión de conflictos institucionales: como la casuística planteada respecto a un Ministro Secretario, dado que al no gozar de las inmunidades declaradas en el 2do párrafo del artículo 102 CP –inmunidad en su persona por la cual no pueden ser detenidos, salvo caso de flagrancia delictiva-, no tendría razón de ser la intervención del Poder Legislativo para la quita de fueros, es decir, sería innecesario incursionar en el procedimiento de desafuero que, en caso de reunir la mayoría parlamentaria constitucional requerida, pueda dejarlo a disposición del Juez competente para su juzgamiento. Ergo, cualquier autoridad competente que ordene la detención de estos funcionarios podrá, en adelante, efectivizar la medida, con la salvedad prevista para el Juicio Político que pueda propiciarse en su contra, lo cual, si ameritaría una vez acaecida tal eventualidad, la intervención de este Poder.
La Legislatura dará un claro mensaje de cara a la sociedad: no revestirá el ropaje de órgano guardián o resorte de funcionarios que no sean de aquellos designados democráticamente por la voluntad popular –como sí lo son el Gobernador, Vice y Diputados- y, paralelamente, será receptado como un paso adelante en términos de TRANSPARENCIA e IGUALDAD de cara a una ciudadanía que, cada vez más, exige su participación y demanda la colaboración mancomunada de todos los componentes del Estado para con el Poder Judicial a efectos de una expedita e independiente dilucidación de la verdad en las causas que se investigan y publicidad fidedigna de todos y cada uno de los actos de gobierno, que culminará abonando inexorablemente al Sistema Republicano.

Por otra parte, cabe destacar que la redacción actual del artículo 144 de la Constitución de la Provincia del Chaco 1957-1994, responde a una redacción originaria o histórica. Vale decir, la Constitución del Chaco de 1957 ya lo preveía en el artículo 140 en idéntico sentido, por lo cual, en la Reforma Constitucional de 1994, la Convención Constituyente no debatió el postulado en análisis, limitándose a extrapolarlo de la Carta Magna histórica y dándole su nueva numeración como se ubica hasta nuestros días.
Estas aproximaciones podemos advertir de los registros de la “Honorable Convención Constituyente – Diario de Sesiones” del Año 1957, donde se encuentran asentadas las versiones taquigráficas para nuestra historia y vida institucional. Dicho material se encuentra a disposición de los legisladores y cualquier ciudadano, obranteen la orgullosa Biblioteca de la cual goza nuestra Casa de la Democracia con un personal sumamente idóneo en la materia.
Tal es así que de la lectura de las páginas 563 a la 590 inclusive, están perfectamente registradas las sesiones donde se debatieron estas cuestiones vitales atinentes al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo y, en particular, la votación “sin observaciones” respecto a la ya histórica cláusula 140 de aquella Constitución, que otorga al Ministro iguales inmunidades que a los Diputados. En similar sentido, la Convención Constituyente de 1994, cuenta con el Diario de Sesiones donde se puede evidenciar la mera repetición del artículo referente aCONDICIONES, INCOMPATIBILIDADES E INMUNIDADES de los Ministros, que significó la mera transcripción del original 140 y su reubicación como nuevo artículo 144 de la Carta Fundamental Chaqueña.
Asimismo…..en el diario de sesiones registra que en fecha seis de diciembre del año 1957 al momento de debatirse el artículo 106 de la mentada constitución el Convencional Rossi al pedir la palabra manifestó “esa interpretación considero, es la que ha primado por unanimidad en el seno de la Comisión Redactora, al proyectarse el artículo 106° que acaba de aprobarse y que dice: ningún ciudadano cuya candidatura a cargo electivo hubiere sido públicamente proclamada por un partido político reconocido podrá ser molestado por las autoridades de la Provincia ni detenido en razón de las opiniones vertidas con motivo de las campaña eleccionaria”. Obsérvese que esta al final del capítulo primero de la Sección del Poder Legislativoy que el subtítulo que lleva al margen solo habla en forma específica de inmunidad para los candidatos a diputados. Esta ubicación no es la que ha tenido la Comisión Redactora. La Comisión Redactora ha querido dar este principio de inmunidad a todos los candidatos a cargos electivos, sean gobernador, vicegobernador, sea diputado, o algún otro cuya designación señale la Constitución. Con este sentido de amplitud, entendiendo interpretar a la Comisión Redactora, queremos que quede aprobado el artículo.
En el mismo sentido el señor Leunda expresó: “…quiero aclarar que lo que ayer sancionamos es la inmunidad para los candidatos para cargos electivos. La que dio el convencional Rossi es la interpretación de la Comisión Redactora y que traemos aca.”
Finalizando la interpretación de dicho artículo el señor Alvarez Hayes dijo: “así es, señor Presidente. Convendría corregir el título del artículo que evidentemente establece una inmunidad para todos los candidatos a cargos electivos.”
Al día siguiente en la continuación de la séptima sesión, se trató el artículo 140 el cual establecía: “para desempeñar el cargo de ministro se requieren las mismas condiciones que para ser diputado. Rigen a su respecto iguales incompatibilidades e inmunidades”; el cual se aprobó sin discusión ni debate alguno, lo cual deja en evidencia que los constituyentes, al no fundamentar el motivo por el cual se les otorga inmunidades a los ministros al igual que los diputados, sin razón valedera que justifique esta cuestión, se contradicen con el criterio fijado expresamente al analizar el espíritu del artículo 106 transcripto precedentemente, respecto a las inmunidades otorgadas para los candidatos a cargos electivos.
Cerrando de esta manera nuestro humilde análisis de lo sucedido en la Convención Originaria del año 1957 y arribando a lo tratado por la convención derivada del año 1994 podemos evidenciar que no existió debate alguno, preexistiendo, en consecuencia, el mismo criterio o espíritu del constituyente de la convención originaria.
A todas luces, la cláusula constitucional en crisis, ha quedado vetusta a la luz de la Constitución Nacional y a las Constituciones de las Provincias del NEA., lo cual significa un contrasentido con la actividad legislativa y Constituyente vanguardista que históricamente ha caracterizado a nuestra Provincia del Chaco en la materia.
En tal sentido se puede observar que en nuestra Constitución Nacional en la Sección Segunda Del Poder Ejecutivo Capitulo 4 “Del jefe de gabinete y demás ministros del Poder Ejecutivo”, no se le atribuye inmunidad alguna a los funcionarios en cuestión, así también, como lo detallamos en el párrafo precedente, surge el mismo criterio en la Constituciones de: Formosa (arts. 143 a 147), Corrientes (arts. 165 a 174) y Misiones (arts. 120 a 127).
Por todo lo expuesto, invito a mis pares al ejercitar las facultades constituyentes que nos compete, para enaltecer a este Poder del Estado y dejar grabada con letras doradas en la historia del Chaco, en nuestra "Ley de Leyes", de nuestro puño y letra, la noble y convencida voluntad de estar haciendo lo correcto. -
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