Proyecto De Ley  Nro:1680/2019
Extracto:ADHIERE A LA PROVINCIA DEL CHACO A LA LEY NACIONAL N° 27.401 QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA DELITOS PREVISTOS EN EL CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN COMETIDOS POR PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, YA SEAN DE CAPITAL NACIONAL O EXTRANJERO, CON O SIN PARTICIPACIÓN ESTATAL.-Estado:En Trámite -
Fecha de Presentacion
15/04/19 17:42
Oficina:Secretaria Parlamentaria  
Pasado a:Comisiones  
Autores:Diputado Livio Edgardo Gutierrez,
ultima actualizacion

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DEL CHACO

SANCIONA CON FUERZA DE LEY

Artículo 1º).- Adhiérase la Provincia del Chaco a la Ley Nacional N° 27.401 que establece el Régimen de Responsabilidad Penal para delitos previstos en el Código Penal de la Nación cometidos por personas jurídicas privadas, ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal.-
Artículo 2°).- Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo.






FUNDAMENTOS

Que a través de la Ley N° 27.401 se ha establecido un régimen de responsabilidad penal aplicable a las personas jurídicas privadas, ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal, por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, nacional y transnacional, previstos por los artículos 258 y 258 bis del Código Penal; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, previstas por el artículo 265 del Código Penal; concusión, prevista por el artículo 268 del Código Penal; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, previsto por los artículos 268 (1) y (2) del Código Penal y balances e informes falsos agravados, previsto por el artículo 300 bis del Código Penal.
Que el objetivo de la Ley N° 27.401 es dotar de mayor eficacia a las políticas de prevención y lucha contra la corrupción a través de la generación de incentivos para que las personas jurídicas prevengan la comisión de delitos contra la Administración Pública por medio de la implementación de programas de integridad, y cooperen con las autoridades, de manera de coadyuvar a una mayor eficacia en la aplicación de la ley penal.
Que dicha norma tiene como objetivo adaptar el sistema penal argentino en materia de delitos de corrupción contra la Administración Pública y el soborno trasnacional a los estándares internacionales a los cuales la REPÚBLICA ARGENTINA se ha obligado al adherir a la CONVENCIÓN SOBRE LA LUCHA CONTRA EL COHECHO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJEROS EN LAS TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES.
Que dicha Convención, firmada en el ámbito de la ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE), el 17 de diciembre de 1997, fue aprobada por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN, por Ley N° 25.319 y entró en vigor para la REPÚBLICA ARGENTINA a partir del 9 de abril de 2001, por haberse depositado el instrumento de ratificación correspondiente ante la Secretaría General de la citada Organización el 8 de febrero de 2001.
Que el artículo 22 de la Ley N° 27.401 define al programa de integridad como el conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos internos de promoción de la integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos alcanzados por la ley y establece que deberá guardar relación con los riesgos propios de la actividad que la persona jurídica realiza, su dimensión y capacidad económica, de conformidad a lo que establezca la reglamentación.
Que el artículo 23 de la referida Ley determina los elementos mínimos que un Programa de Integridad deberá contener y enumera también una serie de elementos no mandatorios.
El artículo 24 señala expresamente que la existencia de un Programa de Integridad adecuado conforme los artículos 22 y 23, será condición necesaria para poder contratar con el Estado nacional, en el marco de los contratos que: a) Según la normativa vigente, por su monto, deberá ser aprobado por la autoridad competente con rango no menor a Ministro; y b) Se encuentren comprendidos en el artículo 4° del decreto N° 1023/01 y/o regidos por las leyes 13.064, 17.520, 27.328 y los contratos de concesión o licencia de servicios públicos.
Que el artículo 28 de la normativa en cuestión, invita a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar sus legislaciones a los lineamientos de la Ley 27.401, por lo que es voluntad de la provincia del Chaco, fijar en la presente ley, los supuestos tanto cualitativos como cuantitativos que serán condición necesaria para que las personas jurídicas que participan en procesos licitatorios, cuenten con un programa de integridad eficaz e implantado en la organización.
La Ley Nº 27.401 exige que todas las empresas que se presenten a un proceso licitatorio cuenten con una Política de Integridad implementada lo que supone, a priori, que están comprometidas con la existencia de una cultura de cumplimiento normativo, incluso en materia de anticorrupción.
La vigencia de esta ley importará enfrentar un novedoso desafío para las personas jurídicas privadas locales, que consistirá en el diseño de la implementación de un programa de integridad anticorrupción, materializado en la adopción de un conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos internos, orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos alcanzados por tal normativa.
Este nuevo marco normativo, que sigue una corriente instaurada en varios países de América Latina, ha incluido como un nuevo protagonista en la lucha contra el flagelo de la corrupción a las personas jurídicas privadas, de capital nacional, con o sin participación estatal, las que quedarán sujetas a implementar una cultura de cumplimiento como parte del desarrollo de sus actividades, y cuya efectiva o adecuada observancia no será irrelevante, a los fines de lo previsto por sus disposiciones.
Es fundamental que nuestra provincia adhiera a la presente de ley con el fin de incorporar en los procesos licitatorios la exigencia de que las empresas que formen parte de los mismos, cuenten con un programa de integridad, en los términos del artículo 22 y 23 anteriormente comentados.
La transparencia es un arma eficaz contra la corrupción y los fraudes respecto de los fondos públicos. Y como principio rector de todo procedimiento contractual, comprende en el actuar administrativo, el cumplimiento de los principios de legalidad, moralidad, publicidad, participación real y efectiva, competencia, razonabilidad y control y eficacia.
Dicha obligación de transparencia incumbe a todo organismo contratante, quien en el proceso licitatorio deberá garantizar a todo potencial licitador no sólo un nivel adecuado de publicidad en la apertura al mercado de bienes y servicios, sino también controlar la imparcialidad en los procedimientos de adjudicación de licitaciones.
Por todo lo expuesto solicito el acompañamiento de mis pares para la aprobación del presente proyecto de ley.
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