Proyecto De Ley  Nro:1725/2019
Extracto:ESTABLECE QUE LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PODRÁ SER EJERCIDA EN EL ÁMBITO DE LA JUSTICIA PROVINCIAL RESPECTO DE LOS BIENES QUE PRESUNTAMENTE PROVENGAN DE LA COMISIÓN DE LOS DELITOS CONTEMPLADOS EN EL CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓNEstado:En Trámite -
Fecha de Presentacion
16/04/19 17:39
Oficina:Comisiones  
  
Autores:Diputado Carmen Noemi Delgado, Diputado Carim Antonio Peche, Diputado Leandro Cesar Zdero,
ultima actualizacion

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DEL CHACO SANCIONA CON FUERZA DE LEY
ARTÍCULO 1º: La acción de extinción de dominio podrá ser ejercida en el ámbito de la justicia provincial respecto de los bienes que presuntamente provengan de la comisión de los siguientes delitos contemplados en el Código Penal de la Nación:
a) Los previstos en los artículos 125, 125 bis, 126, 127, 128 primer párrafo, 142 bis en caso de que sea competente la justicia provincial, 146;
b) el previsto en los artículos 173 inciso 7 y 174 inciso 5 en los casos de imputación por parte de la justicia provincial de un funcionario público que tenía a su cargo el cuidado y/o manejo de bienes públicos;
c) los previstos en los artículos 256 a 261, 263 cuando los bienes no pertenezcan a particulares, 264 a 268 (2), 269, 277 a 279;
d) los previstos en los artículos 210 y 210 bis siempre que los delitos que se le atribuyan sean algunos o varios de los detallados en este artículo y sean de competencia provincial; y
e) los previstos en los artículos 300 bis y 306 siempre que el hecho ilícito penal precedente sea alguno de los delitos enumerados en este artículo.
El plazo y cómputo de la prescripción se regirán por las disposiciones de la ley de fondo.
ARTÍCULO 2º: La Sentencia que declara adquirido el dominio establecerá:
a) la fecha exacta de adquisición del derecho real;
b) la inscripción en los registros públicos, a los fines de su oponibilidad contra terceros.
ARTÍCULO 3º: En los procesos de extinción de dominio, la legitimación activa corresponderá a los representantes del Ministerio Público Fiscal, con la carga de impulso de oficio ante la notitia criminis, debiendo plantear la demanda contemporánea o independientemente de la investigación penal.
De dicha actividad se dará vista al Procurador General, como en toda actuación en las que pudieran existir bienes que, directa o indirectamente pudieren ser objeto de la acción de extinción de dominio.
Será competente el Juez en lo Civil y Comercial del domicilio del demandado, o el de cualquiera de ellos en caso de acumulación subjetiva de acciones, o aquél donde se encuentren ubicados los bienes objetos de la acción, a elección del Ministerio Público Fiscal.
Serán legitimados pasivos todas las personas físicas o jurídicas que ostenten la tenencia, posesión, titularidad o que invoquen o ejerzan derechos sobre bien o bienes objeto de la acción de extinción de dominio, se encuentren o no imputados en la investigación penal. Sin perjuicio de ello, deberá disponerse la acumulación subjetiva necesaria, conforme lo establezca la ley adjetiva, respecto de toda otra persona que pudiera ser afectado por la acción de extinción de dominio.

ARTÍCULO 4°: La acción de extinción de dominio provocará la suspensión de cualquier otro procedimiento en que los bienes objeto de la litis estuvieren afectados por medidas procesales, lo que se hará saber al juez de origen.
Con la promoción de demanda, deberán adjuntarse copia certificada de las medidas cautelares dispuestas en sede penal sobre los bienes objeto de la acción impetrada.
Podrá el Juez civil dictar, a pedido del actor, las medidas cautelares que se estimen necesarias para asegurar bienes que, directa o indirectamente pudieren ser objeto de la acción de extinción de dominio.
El Juez civil, sin perjuicio del acápite anterior, dispondrá la anotación de la litis en los Registros respectivos, si fueren bienes registrables, y sólo admitirá por vía de excepción de previo y especial pronunciamiento la acreditación y prueba de que el bien o derecho objeto de la demanda se incorporó al patrimonio del accionado con anterioridad a la fecha de presunta comisión del delito investigado.
El allanamiento de los demandados, los eximirá de costas causídicas.
ARTÍCULO 5°: Durante la tramitación del proceso de extinción de dominio, la administración y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles sometidos a medidas cautelares de desapoderamiento, estará a cargo del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia o el organismo que en el futuro lo reemplace. En las mismas circunstancias, el dinero en efectivo o depositado en cuentas bancarias a la vista, deberán ser transferidos a cuenta judicial a abrirse a nombre del juzgado y como pertenecientes a la cuenta del proceso de extinción de dominio; el juez podrá constituir luego un plazo fijo que devengue intereses a fin de mitigar su depreciación.
ARTÍCULO 6º: El Ministerio Público Fiscal podrá alcanzar acuerdos de extinción de dominio con la parte o partes accionadas. A los fines de su validez, deberán ser refrendados por el Procurador General de la Provincia, y posteriormente homologados por ante el Juez competente, lo que otorgará efecto de cosa juzgada.
ARTÍCULO 7º: El Juez interviniente podrá, a pedido del Ministerio Público Fiscal –actor-, con intervención de la autoridad a cuyo cargo se encontrare la administración de los bienes objeto de la acción, ordenar la venta anticipada de los bienes sujetos a medidas cautelares o sobre los que se haya dispuesto la anotación de litis, cuando presenten riesgo de perecer, deteriorarse, desvalorizarse o cuando su conservación genere erogaciones excesivas para el erario público.
El Juez, asimismo, podrá ordenar la venta anticipada de los bienes cautelados cuando el afectado otorgue su consentimiento por escrito en sede judicial, con vista previa a quienes invoquen derechos reales o personales sobre los bienes de que se trate.
El producido se acreditará en la causa judicial, en cuenta abierta en el Banco del Chaco S.A., a nombre del Juzgado y como perteneciente a la causa de extinción de dominio, hasta el dictado de Sentencia Definitiva y posterior transferencia al Poder Ejecutivo Provincial –Ministerio de Hacienda y Finanzas- y para su aplicación dispuesta en el artículo 12.


Podrá la jurisdicción interviniente disponer la destrucción de los bienes cautelados, cuando sea necesario u obligatorio de acuerdo a su naturaleza; representen un peligro para el ambiente, la salud o la seguridad pública o amenacen su ruina.
ARTÍCULO 8º: La Sentencia de extinción de dominio deberá contener, como datos esenciales al procedimiento específico:
a) los fundamentos precisos que llevaron al juzgador a formarse la convicción de que bienes o derechos de propiedad del o de los demandados y/o terceros citados fueron incorporados sin una causa lícita a sus patrimonios;
b) si se dispusiera la extinción de dominio, la identificación concreta de los bienes o derechos afectados por la Sentencia;
c) la declaración de extinción de dominio del bien o de los bienes identificados, sin contraprestación ni compensación alguna a favor del o de los demandados, así como de sus frutos y productos, en caso de resultar aplicables;
d) los efectos respecto de los derechos existentes sobre los bienes afectados;
e) las medidas de ejecución de la sentencia, y especialmente el plazo para la subasta de los bienes. Efectuada ésta, y deducidos los gastos incurridos para el secuestro, administración y mantenimiento de los bienes, más costos procesales, su producido ingresará al Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia, y su evolución y aplicación -conforme al artículo 12°- se rendirá al Tribunal de Cuentas provincial, y a la Cámara de Diputados de la Provincia, cada seis (6) meses.
Si la sentencia rechaza la extinción de dominio, deberá comunicarse al Juez a cargo de la investigación penal en la que oportunamente se dictaran las medidas cautelares, a efectos que pudieren corresponder.
ARTÍCULO 9º: Actos posteriores. Dictada la Sentencia de extinción de dominio sobre bienes registrables, se efectuará la notificación a los respectivos registros del cambio de titularidad de los que se encontraren alcanzados por la sentencia; si los bienes se encontraren fuera del territorio argentino, deberán ser identificados de manera precisa, con el objeto de que la Procuración General efectúe los trámites de reconocimiento y ejecución de la sentencia en la jurisdicción correspondiente, y conforme la legislación aplicable.
ARTÍCULO 10º: La sentencia firme hará cosa juzgada respecto de los bienes o derechos involucrados.
La sentencia firme de sobreseimiento o absolución dictada en sede penal, fundadas en la inexistencia del hecho investigado o en que dicho hecho no encuadra en una figura legal, obligará al Estado Provincial a restituir el bien o derecho a su anterior poseedor o titular, o, de resultar imposible, entregarle su valor equivalente en dinero.
ARTÍCULO 11º: El Procurador General podrá requerir y/o prestar colaboración internacional en los términos de esta normativa, convenios y pactos vigentes.
ARTÍCULO 12º: Los fondos ingresados al Poder Ejecutivo Provincial –Ministerio de Hacienda y Finanzas-, serán destinados en un cincuenta (50%) por ciento a incrementar el presupuesto destinado al cumplimiento de la  Ley Nº 1353-E de Fomento de la Actividad Privada en Actividades Culturales (Mecenazgo) y el restante cincuenta (50%) por ciento será incorporado al Fondo Provincial del Deporte (FOPRODE) creado por Ley 1023 S Capítulo VI Artículo 17°, debiendo adoptarse los recaudos administrativos a tal efecto.
ARTÍCULO 13º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.




FUNDAMENTOS
En sus aspectos sustanciales, el proyecto prevé que los acusados penalmente por los denominados delitos de corrupción, deban demostrar el origen de esos bienes y las demostraciones referidas a su adquisición, pero a su vez el fuero Civil no necesariamente debe esperar el fallo final de la investigación penal, desprendimiento que permite la actividad autónoma, precisa en sus contornos y áreas del saber, estableciendo en sus acápites los pasos a los que el Juez debe sujetarse, la actividad del Ministerio Público Fiscal, el rol del Fiscal General, los procedimientos específicos para la disposición de los bienes, o su producido, al igual que –para supuestos de inocencia- la restitución de los bienes desapoderados, o el valor de los mismos en caso de enajenación.
En su desenvolvimiento, y con una investigación penal abierta, los fiscales podrán iniciar el proceso civil de extinción de dominio.
La causa civil se realizará en paralelo a la penal, con la inversión de la carga de la prueba, es decir, el acusado deberá probar que obtuvo los bienes de manera lícita.
Será para los delitos de narcotráfico, terrorismo, lavado de dinero y asociación ilícita.
La Provincia podrá lograr la expropiación y el decomiso de bienes por vía civil, antes de que haya pena en la justicia penal, los bienes expropiados serán vendidos y la recaudación será para destinar, a través del –Ministerio de Hacienda y Finanzas- al cumplimiento de la  Ley Nº 1353-E de Fomento de la Actividad Privada en Actividades Culturales (Mecenazgo) y el restante cincuenta (50%) por ciento será incorporado al Fondo Provincial del Deporte (FOPRODE) creado por Ley 1023 S Capítulo VI Artículo 17.
La iniciativa local, que mantiene el mismo espíritu del impulso nacional referido a la extinción de domino, recuperaría bienes de origen corrupto para la provincia, con destinos específicos.
El proyecto pretende una acción autónoma civil, distinta, y en todo caso en paralelo a lo que se lleve adelante en el proceso penal, pues de este proceso se pretenden sanciones y condenas ejemplificadoras a los que han delinquido y utilizado la función pública por sí o asociados a terceros en la consecución de las conductas típicas del código penal, descriptos en su articulado.

Los bienes no pueden, ergo, seguir estando en poder de la delincuencia, resultando absolutamente necesario actos contundentes por parte de los Jueces, a los que corresponde dotarlos de las herramientas necesarias a tal efecto.
Así, la aplicación de la extinción de dominio funcionaría en caso de que una persona investigada por delitos tales como asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta, cohecho o coimas, pornografía infantil incluso, y sobre la que haya sospechas sobre sus bienes productos de la comisión de esos delitos, podrá ser demandada civilmente.
Si los demandados demuestran la licitud de los fondos con lo que compraron esos bienes, se termina la extinción de dominio y no se llega a ninguna sentencia civil.
Si no lo puede demostrar, el juez dictará una sentencia para que se lo desapodere de esos bienes para que vuelvan al patrimonio del Estado.
Ya en poder del Estado, el producido de esos bienes se subastaría.
Si la persona sospechada no resultara culpable o condenada, habiendo sido desposeída en el proceso de extinción de dominio, el Estado deberá devolverle sus bienes. En el caso de resultar imposible la restitución de ese bien, se le entregará el valor equivalente en dinero.
Consecuentemente, quienes tienen el deber de combatir la corrupción en sus áreas de responsabilidad funcional, entre los que los miembros del Poder Legislativo –incuestionablemente- se encuentran, resulta de suficiente argumento para pedir el acompañamiento del plenario al presente proyecto.

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