Proyecto De Ley  Nro:116/2020
Extracto:QUE MODIFICA EL ARTICULO 7º DE LA LEY Nº 1128-A “DEL RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES”,Estado:En Trámite -
Fecha de Presentacion
12/02/20 09:59
Oficina:Comisiones  
  
Autores:Diputado Nicolas Slimel,
ultima actualizacion

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DEL CHACO
SANCIONA CON FUERZA DE LEY Nº…………………..

ARTÍCULO 1º: Modificase el Art. 7º de la Ley Nº1128-A sobre “DEL RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES”, por el siguiente:
“Artículo 7º: Los magistrados y los funcionarios judiciales que ejerzan el Ministerio Público: Procurador General, Procurador General Adjunto, Defensor General, Defensor General Adjunto, Fiscales y Defensores Oficiales de cualquier instancia, no podrán ejercer su profesión, salvo cuando se tratare de la defensa de sus intereses personales, del cónyuge, de los padres y de los hijos.
Tampoco podrán ejercer el comercio, desempeñar empleos, funciones y otras actividades dentro o fuera de la Provincia, excepto la comisión de estudios de carácter honorario.
Podrán ejercer exclusivamente la docencia universitaria o de enseñanza superior equivalente, siempre que el horario de la misma no se superponga con el del Poder Judicial, sea para el dictado de clases, exámenes o cualesquier actividad universitaria que implique o exijan ausencias del tribunal o dependencia a su cargo.-
No les estará permitido el desempeño de los cargos de Rector de Universidad, Decano de Facultad, o Secretarios de la misma y/o de Institutos de Educación de Nivel Terciario, en ambos casos, sean de naturaleza pública o privada.“
ARTÍCULO 2º: Derogase toda ley o normativa que se oponga a lo dispuesto por ésta ley.-
ARTÍCULO 3º: De forma.-




FUNDAMENTOS:
La presente reforma legislativa, referida exclusivamente al Art. 7º de la Ley Nº1128-A, correspondiente al Régimen de Incompatibilidades, viene a reajustar la incompatibilidad que ostentan actualmente los Magistrados y Funcionarios judiciales que ejerzan el Ministerio Público dentro del ámbito territorial de nuestra provincia.-
Concretamente la reforma propiciada mantiene la incompatibilidad estipulada en la anterior redacción del artículo en trato, ampliando la facultad que asiste a los magistrados y funcionarios de capacitarse permanentemente a través del ejercicio de la docencia; lo que también constituye una exigencia Constitucional conforme Art. 154 de nuestra Carta Magna Provincial, en cuanto dispone que el “desconocimiento inexcusable del derecho”, es motivo de remoción.-
De allí que la manda constitucional, bien entendida, debe plasmarse en una política de estado que facilite la formación, capacitación, educación y desarrollo de conocimientos tendientes a mejorar el servicio de justicia.-
En efecto, esta circunstancia se ve acotada con la actual redacción del Art. 7º, de la Ley 1128-A, en tanto limita el ejercicio de la docencia universitaria a una sola Cátedra, con limitación horaria semanal, por remisión al art. 2º, inc. a), del mismo texto legal.-
Esta limitación evidencia una incongruencia con la manda constitucional, en tanto exige la capacitación permanente de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial.-
Asimismo, al vedar o limitar que aquellos quienes tienen conocimiento profundo del derecho, aplicado en la práctica judicial diaria, transmitan sus saberes a quienes se encuentran en etapa de formación o incluso a quienes pretenden especializarse, se está coartando el acceso a enseñanza universitaria o terciaria de calidad.-
De allí la importancia de la reforma que se plantea con el presente, en cuanto se amplía la posibilidad de ejercer docencia, no sólo a nivel Universitario, como indica la norma, sino que también pueda ejercerse esa actividad a Nivel de Instituciones Terciarias o de enseñanza superior equivalentes, que representan una gran proporción de la demanda educativa provincial.-
Ampliar la base de formadores, que en su mayoría provienen de los ámbitos judiciales, no sólo trae aparejado una mejor y variada oferta académica, colocándose a las universidades o institutos de enseñanza superior a la vanguardia de la educación nacional, sino que además redunda en beneficio de otros sectores que también prestan servicio público como ser la Escuela de Policía por Jueces y Secretarios o Centro de Estudios Judiciales, dependientes del Superior Tribunal de Justicia, generando una mejora cualitativa del mismo.-
Esta ampliación de oferta educativa, se encuentra actualmente limitada por imposición de ejercer una sola cátedra y por la disposición del Art. 2º, inc. a), en cuanto se reduce en tiempo la posibilidad del dictado de clases. Es que no sólo la Educación Universitaria puede nutrirse de formadores de la calidad – que ostentan los magistrados y funcionarios judiciales-, sino que también otros institutos o carreras de enseñanza superior de nivel universitario; así como el dictado de diplomaturas, especializaciones, maestrías o doctorados, requieren de mayor dedicación para el dictado de las mismas, lo que obliga a modificar el texto normativo en la forma propuesta.-
En efecto, se ha receptado la inquietud de rever la norma en cuestión, ampliando el espectro de facultades que reconoce la misma, al tiempo de incorporar no sólo la educación universitaria dictada desde las Universidades Nacionales públicas o privadas de la provincia, sino también toda aquella institución que desarrolle enseñanza superior equivalente, tal como lo prevén las normas Nacionales sobre la materia (Ley 21.341, modificatoria del Decreto Ley 1285/58, ORGANIZACION DE LA JUSTICIA NACIONAL Y FEDERAL EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL).-
Desde ya que las facultades reconocidas a magistrados y funcionarios, en la nueva redacción del art. 7º, jamás podrán colisionar con su obligación jurisdiccional ni superponerse con sus funciones al frente de la magistratura, en particular a nivel horario, quedando especificado en ese aspecto que el impedimento horario refiere a dictado de clases, exámenes o cualesquier actividad universitaria que implique o exijan ausencias del tribunal o dependencia a su cargo.-
Por las razones expuestas es que solicito el acompañamiento de mis pares en la aprobación de la presente reforma legislativa.-

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