Proyecto De Ley  Nro:1452/2020
Extracto:QUE CREA EL BOLETO EDUCATIVO GRATUITO PARA DOCENTES Y AUXILIARES DOCENTES, PERTENECIENTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO DEL SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL, CONSISTENTE EN LA GRATUIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE COLECTIVOS EN TODO EL TERRITORIO PROVINCIAL, DESTINADO A AQUELLOS DOCENTES Y AUXILIARES DOCENTES QUE SE ENCUENTREN EN FUNCIONES Y QUE DEBAN TRASLADARSE DE UNA LOCALIDAD O JURISDICCIÓN A OTRA A FIN DE PRESTAR SERVICIOS.Estado:En Trámite -
Fecha de Presentacion
17/09/20 11:49
Oficina:Comisiones  
  
Autores:Diputado Alejandro G Aradas, Diputado Carina Noemi Batalla, Diputado Debora Soledad Cardozo, Diputado Gustavo Silvio Corradi, Diputado Carmen Noemi Delgado, Diputado Graciela Alicia Digiuni, Diputado Livio Edgardo Gutierrez, Diputado Carim Antonio Peche, Vicepresidente 2do Leandro Cesar Zdero,
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LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DEL CHACO SANCIONA CON FUERZA DE LEY



ARTÍCULO 1º: CRÉASE el Boleto Educativo Gratuito para Docentes y Auxiliares Docentes, pertenecientes a instituciones educativas de gestión públicas y privadas de los niveles inicial, primario y secundario del sistema educativo provincial, consistente en la gratuidad del servicio público de transporte de colectivos en todo el territorio provincial, destinado a aquellos docentes y auxiliares docentes que se encuentren en funciones y que deban trasladarse de una localidad o jurisdicción a otra a fin de prestar servicios.
ARTÍCULO 2º: El Boleto Educativo Gratuito para Docentes y Auxiliares Docentes, creado por la presente Ley podrá ser usado todos los días hábiles del Ciclo Lectivo y deberá cubrir la totalidad de las actividades educativas.

ARTICULO 3º: La gratuidad comprende a los medios de transporte interurbano y/o de media distancia, de pasajeros vial y ferrovial que utilicen los docentes y los auxiliares docentes comprendidos en el artículo 1º. En el caso de los beneficiarios que pertenezcan a establecimientos rurales sin servicio público de transporte regular, o distintos a los antes mencionados, deberán arbitrase los medios para asegurar el efectivo goce del beneficio.
ARTICULO 4º: Los docentes y auxiliares docentes que pretendanusufructuar el beneficio deberán estar prestando servicios, acreditando su situación con documentación probatoria que será la constancia de servicios expedida por la institución educativa donde se desempeñen.

ARTÍCULO 5º: Será autoridad aplicación la Subsecretaría de Transporte y Logística, dependiente del Ministerio de Infraestructura, Logística y Servicios Públicos.
  ARTÍCULO 6º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente ley, será imputado a la partida presupuestaria de la Jurisdicción - Subsecretaría de Transporte y Logística, de acuerdo con la naturaleza de la erogación.
ARTÍCULO 7º: Facultase al Poder Ejecutivo - Ministerio de Infraestructura, Logística y Servicios Públicos, a instrumentar los actos administrativos necesarios, tendientes a destinar los recursos para la efectiva implementación del Boleto Educativo Gratuito para Docentes y Auxiliares Docentes.

ARTÍCULO 8º:En el plazo de sesenta (60) días de promulgada la presente, el Poder Ejecutivo deberá dictar la reglamentación pertinente en la que se establecerá los requisitos, condiciones y alcances del beneficio establecido en el Artículo 1º.- 

ARTÍCULO 9º: DE FORMA.












FUNDAMENTO

En los últimos tiempos,hubo diferentes iniciativas legislativas en este sentido, que han buscado financiar en parte o totalmente los pasajes para el traslado de los docentes en ésta particular situación, todas reconociendo la necesidad de acompañar a los educadores con este tipo de auxilio financiero debido a lo reducido de susalario corriente, lamentablemente sin poder concretarse. En el actual contexto singularmente crítico en el que nos encontramos inmersos, producto fundamentalmente de la pandemia se hace más urgente e imprescindible poder ofrecerle un Boleto Educativo Gratuito para Docentes y Auxiliares Docentes.
Hoy el sistema educativo argentino enfrenta uno de los desafíos más grandes de su historia: sostener la continuidad pedagógica y programar la apertura gradual producto del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), en un contexto de profunda incertidumbre originado por la pandemia mundial ocasionada por el SARS-CoV-2. La suspensión de la presencialidad y sus efectos se manifiesta en un sistema educativo que ya era desigual social y territorialmente, situación que se profundizó en un escenario de crisis económica que avizora un 61,3% de niños, niñas y adolescentes bajo la línea de la pobreza en el segundo semestre del 2021.
La situación mundial originada por el cierre prolongado de las escuelas a causa de la pandemia fue calificada por el Secretario General de la ONU como “catástrofe generacional”, llamando a todos los países a dar prioridad a la reapertura de sus escuelas en cuanto tengan controlada la transmisión local del coronavirus. Esta situación no es para nada ajena a la educación en Argentina, el país que ha mantenido una de las cuarentenas más largas del planeta, la que incluyó la suspensión del desarrollo presencial de clases desde marzo en todo el territorio nacional, aun en zonas con baja o nula tasa de contagio de COVID-19. En nuestra provincia hoy se habla de la posibilidad del regreso a presencialidad en el 2021 y es allí donde debemos poner todos los esfuerzos para acompañar a nuestros docentes y puedan estar presentes en cada una de las aulas.
Asimismo, debemos tener presente que en la actualidad se produjo un notorio deterioro del poder adquisitivo causado por la creciente inflación y la crisis generada por la emergencia sanitaria que afecta a todos los sectores, esto sin dudas ha impacto con mayor fuerza en aquellos sectores de ingresos fijos, asalariados, que ven reducida su capacidad de compra como así también se ven imposibilitados de poder hacer frente a sus obligaciones corrientes producto del creciente aumento del costo de vida, servicios, atención de necesidades esenciales. En este escenario asfixiante para los trabajadores de la educación, debido a su precaria situación salarial vigente y la pérdida sufrida por los sueldos entendemos que contribuir mínimamente con este beneficio les dará cierto oxígeno a sus finanzas.
Producto de la crisis sanitaria desatada por la pandemia del Covid-19 nuestro país en el próximo tiempo estará transitando la segunda crisis económica más profunda de su historia, después de la de 2001-2002, que se inició en el cuarto trimestre de 1998 y se extendió por 17 trimestres, hasta finales de 2002. En total el PBI se contrajo un 20% acumulado en poco más de cuatro años. Si se confirman las proyecciones de una caída de 10% del PBI en 2020 (el FMI pronostica una baja de 9,9% en el año), la crisis presente acumularía una baja próxima a 15% en tres años. Con esta tendencia, la recesión sería mayor a la de la hiperinflación, de nueve trimestres consecutivos y una caída acumulada de 14% entre el segundo trimestre de 1988 y el segundo de 1990, y también superior a la de 2009 por la crisis financiera global, que involucró cuatro trimestres a partir del cuarto de 2008 (-6%), y tuvo una salida fuerte y rápida con un rebote de 10% del PBI en 2010.
Recientemente nuestros docentes, recibieron una magra propuesta de actualización salarial del 7,8%, la cláusula gatillo adeudada y el pago de $1.200 que los principales gremios docentes de la provincia, indicaron que «es mezquino el porcentaje del 7,8% a partir de los haberes de septiembre -para percibirse en octubre-, cuando el Gobierno adeuda en concepto de cláusula gatillo a los docentes chaqueños activos y jubilados, ese porcentaje retroactivo a abril último, por corrección del desfasaje por inflación sufrido en el primer trimestre, más el 5,8% por mismo concepto del segundo trimestre, lo que significa que desde el 1 de julio pasado debió pagarse a cada docente del Chaco un 13,8% por la cláusula gatillo, incorporándose al valor del punto respectivamente».  Que es lo que efectivamente están reclamando a fin de poder alcanzar mínimamente una mejora en los haberes.
En este contexto sumamente crítico en términos económico y de crisis en lo educativo, en los próximos meses se pretende volver a las clases presenciales y los docentes tendrán que trasladarse nuevamente a sus respectivos lugares de trabajo, con la imposibilidad financiera en muchos casos de poder solventar sus pasajes para trasladarse desde sus domicilios a las instituciones que están en localidades vecinas, volverán seguramente a las viejas prácticas de tener que salir a la ruta a pedir por favor a que algún trasportista se solidarice y les alcance al lugar más próximo de su trabajo.Debemosreafirmar el principio de que los estados deben garantizar el derecho a la educación y el boleto gratuito para docentes aspira a contribuir al efectivo ejercicio del derecho a la educación, la iniciativa promueve la consagración de la igualdad de oportunidades para todos. La obligatoriedad de la enseñanza ha sido un avance para nuestra provincia y país, pero todas declamaciones de derechos deben estar acompañadas por acciones concretas desde el estado en términos de inversión en investigación, infraestructura edilicia, mayor presupuesto para educación, condiciones de enseñanza adecuadas para los estudiantes y los docentes y, esta iniciativa, Boleto Educativo Gratuito para Docentes, entre otras.
Recordemos que recientemente unos de los postulados del Congreso Pedagógico Chaco es entender que la educación es un derecho social cuyo cumplimiento exige que se asignen los recursos necesarios, buscando eficiencia, eficacia, calidad y mejorar sustancialmente el salario docente para que la profesión docente sea dignificada, reconocida y motivo de inspiración de nuestra comunidad y que estas acciones van en ese sentido.El Estado provincial tiene la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación pública integral, intercultural, permanente y de calidad para todos los habitantes de la Provincia, garantizando la igualdad, gratuidad, laicidad y equidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las familias, de las organizaciones sociales y de pueblos indígenas.
Por ello el garantizar que todos puedan concurrir a los establecimientos educativos, no debe ser entendido como un gasto para la administración sino como un deber y una inversión. Sin lugar a dudas con docentes frente a las aulas estaremos garantizando el derecho a la educación que está consagrado en nuestra Constitución Nacional, en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, todos estos de jerarquía constitucional.
Por todo lo expuesto, es que considero pertinente el tratamiento y la oportuna aprobación del presente proyecto.
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