Proyecto De Ley  Nro:708/2020
Extracto:MODIFÍCA EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 843-A - CREA EL INSTITUTO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO - .-Estado:Aprobado -Ley 3227A
Fecha de Presentacion
12/05/20 11:32
Oficina:Mesa de Entradas  
  
Autores:Diputado Teresa Monica Cubells,
ultima actualizacion
LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DEL CHACO
SANCIONA CON FUERZA DE LEY

Artículo 1: Modifíquese el artículo 3 de la Ley 843-A, el que quedará redactado de la siguiente manera
“Artículo 3º: La Defensoría del Pueblo estará integrada por un/a Defensor/a del Pueblo y un/a Defensor del Pueblo Adjunto/a, respetando la paridad de género. Serán propuestos por moción de uno o más legisladores y designados por el voto de los dos tercios de los miembros de la Cámara de Diputados.”
Artículo 2: De forma.





FUNDAMENTOS

Por la presente se propone modificar la ley 843-A que crea la figura del Defensor del Pueblo asegurando la paridad de género en la conformación del citado órgano.
Esta iniciativa se ampara en lo establecido por la Constitución Provincial en sus artículos 8 y 35, en los que se garantiza a los habitantes de la provincia igualdad ante la ley y de oportunidades y se asegura la igualdad efectiva de oportunidades y derechos de la mujer y el hombre, respectivamente.
Asimismo, de acuerdo al artículo 14 de la Constitución Provincial, consideramos la propuesta además se encuentra en línea con las condiciones que aseguren a las mujeres una participación igualitaria de acuerdo a lo establecido en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (aprobada por resolución 34/80 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, suscripta por la República Argentina y ratificada mediante Ley N° 23179) en el artículo 2 punto a): “Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio”. Entendemos que para la realización concreta del principio de igualdad es necesario que se garantice la paridad como un requisito, mediante esta simple acción concreta se pondría final a un vacío legal que en la práctica ha resultado en detrimento de la igualdad en el acceso a oportunidades y recursos para la participación femenina.
Explicitar la paridad como condición en un organismo constitucional, como lo proponemos con ésta iniciativa, opinamos que contribuirá con reafirmar el compromiso del Estado provincial con el pleno desarrollo de las mujeres y también con el bien común.
La propuesta que aquí presentamos da cumplimiento a obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino enumeradas en el art. 75 inc 22 (CN): la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Convención Americana de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
En nuestra provincia contamos con un marco normativo amplio, pero no completo, referido a la protección de los derechos de la mujer. Marco normativo que no siempre se ha puesto operativo o plasmado en la realidad tal lo requieren los pactos internacionales. Algunas leyes que deseamos destacar son: la Ley N° 2409-A que crea el Instituto de la Mujer y la Familia (I.M.Fa.); la Ley N° 1439-B que crea el Plan de Igualdad Real de Oportunidades y trato entre Mujeres y Varones; la Ley N° 1496-B que adhiere al Decreto Nacional Nº 1086/2005 por el que se aprueba el documento “Hacia un plan nacional contra la discriminación. La discriminación en Argentina. Diagnóstico y propuestas”; también la Ley N° 1248-A que crea en el ámbito del Poder Legislativo la Comisión Provincial Multisectorial de la Mujer; la Ley N° 2023-A que tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia laboral en la administración pública; la Ley N° 2192-A para la utilización de un lenguaje inclusivo y genérico; la Ley N° 2308-A que implementa espacios para la lactancia dentro del ámbito de la administración pública; entre otras, por supuesto que la más reconocida públicamente en materia política es la 2923-Q que consagra la paridad de género en las listas.
Si bien la institución de la Defensoría del Pueblo es de muy reciente vigencia, nos parece de una omisión relevante que ninguna mujer aún haya ocupado un lugar en ese ámbito, ni como Defensora del Pueblo ni como Defensora del Pueblo adjunta.
Párrafo aparte merece la terminología totalmente masculina que adopta la norma que proponemos modificar, que debería ser totalmente reformulada.
Por los argumentos anteriormente expuestos, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
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