Proyecto De Ley  Nro:1289/2021
Extracto:REGLAMENTA EL REGIMEN DE EJERCICIO PROFESIONAL DE LA PROFESIÓN DE ABOGADOS/AS Y PROCURADORES/AS.-Estado:En Trámite -
Fecha de Presentacion
15/06/21 12:28
Oficina:Comisiones  
  
Autores:Diputado Roberto Marcelo Acosta, Diputado Juan Carlos Ayala, Diputado Andrea Anastacia Charole, Diputado Gladis Noemi Cristaldo, Diputado Teresa Monica Cubells, Diputado Lidia Elida Cuesta, Diputado Elda Insaurralde, Diputado Juan Manuel Pedrini, Diputado Rodolfo Schwartz, Diputado Liliana Estela Spoljaric, Diputado Maria Elena Vargas,
ultima actualizacion

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DEL CHACO
SANCIONA CON FUERZA DE LEY:


PROYECTO PARA REGLAMENTAR EL REGIMEN DE EJERCICIO PROFESIONAL DE LA PROFESIÓN DE ABOGADOS/AS Y PROCURADORES/AS

Título I.-
De los abogados y procuradores

Capítulo I

Artículo 1.- El ejercicio profesional de abogados y procuradores en la provincia del Chaco, se regirá por las prescripciones de la presente ley, por las normas especiales sobre la materia de los códigos de procedimiento provinciales y demás leyes que no resulten derogadas por ésta.
La protección de la libertad y dignidad de la profesión de abogado, forma parte de las finalidades de esta ley y ninguna de sus disposiciones podrá entenderse en un sentido que las menoscabe o restrinja.

Artículo 2.- Para ejercer las profesiones de abogado y procurador en jurisdicción de la provincia del Chaco, se requiere:
A) Poseer título habilitante expedido por autoridad competente;
B) Hallarse inscripto en la matrícula que llevarán los Colegios de Abogados y Procuradores, que por esta ley se crean;
C) No encontrarse incurso en las incompatibilidades e impedimentos previstos en el artículo 3 de esta ley.

Artículo 3.- No se podrá ejercer la profesión de abogado en jurisdicción de la provincia, en los siguientes casos:
A) Por incompatibilidad:
A.1. El Gobernador y el Vicegobernador de la provincia, los ministros, secretarios y subsecretarios de Estado del Poder Ejecutivo de la provincia, el Fiscal de Estado, los miembros abogados integrantes del Tribunal de Cuentas, el Asesor General de Gobierno, los concejales municipales y secretarios de las municipalidades, excepto cuando el ejercicio profesional resulte una obligación legal. La incompatibilidad de los concejales municipales y secretarios municipales se limita, respecto a las municipalidades, a las causas en que particulares tengan intereses encontrados con la municipalidad en la que desempeñen funciones;
A.2. Los senadores y diputados nacionales, los secretarios de ambas cámaras legislativas nacionales, los legisladores provinciales y los secretarios de la Cámara de Diputados, en causas judiciales y gestiones de carácter administrativo en que particulares tengan intereses encontrados con el estado provincial, sus municipalidades y entes autónomos, autárquicos, descentralizados, empresas del estado o en que el Estado tenga participación, excepto cuando el ejercicio profesional resulte una obligación legal;
A.3. Los magistrados judiciales, funcionarios y empleados del Poder Judicial, de cualquier fuero y jurisdicción, excepto cuando el ejercicio profesional resulte una obligación legal;
A.4. Los miembros de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, integrantes de tribunales administrativos y los funcionarios y empleados de cualquier poder del Estado, entes autónomos, autárquicos o descentralizados, empresas del estado o en que el Estado tenga participación cuando las respectivas leyes se lo prohíban, excepto cuando el ejercicio profesional resulte una obligación legal;
A.5. Los abogados, jubilados como tales cualquiera sea la jurisdicción donde hayan obtenido la jubilación, en la medida dispuesta por la legislación previsional que la acuerda;
A.7. Los abogados que ejerzan la profesión de escribano público, martillero o corredor;
A.8. Los abogados graduados en ciencias económicas y cualquier otra profesión u oficio, considerado auxiliar de la justicia, en los procesos judiciales en que intervengan en este último carácter;
A.9. Los magistrados y funcionarios judiciales, jubilados o retirados como tales, limitándose la incompatibilidad a la actuación ante el fuero a que hubiera pertenecido por el término de dos (2) años a partir de su cese;
A.10. Los magistrados y funcionarios judiciales que cesaren por renuncia o cualquier otra causa legítima ante el organismo jurisdiccional donde desempeñaban sus funciones al momento del cese, por el término de dos (2) años a partir del mismo.
B) Por especial impedimento:
B.1. Los suspendidos en el ejercicio profesional por el Colegio que crea esta ley;
B.2. Los excluidos de la matricula profesional de este Colegio o de cualquier otro del país, por sanción disciplinaria aplicada por el órgano competente, mientras no sean rehabilitados;
B.3. Los judicialmente declarados incapaces o inhábiles, según las normas del Código Civil;
B.4. Los condenados judicialmente a cualquier tipo de pena, por delito doloso contra la propiedad, la administración o fe pública, y en general todos aquellos condenados que le correspondan la inhabilitación profesional y en la medida de la duración de las mismas;
B.5. Los fallidos no rehabilitados y los inhabilitados, conforme la ley de concursos;
B.6. Los retirados por incapacidad psíquica.

Artículo 4.- Los abogados comprendidos en las incompatibilidades o impedimentos del artículo anterior, deberán comunicar fehacientemente, dentro del plazo de treinta (30) días, tal circunstancia al Consejo Directivo, denunciando la causal y el lapso de duración, de lo que se tomara debida nota en el legajo de la matrícula. De no efectuarlo el matriculado, el Consejo lo hará de oficio inmediatamente de tomado conocimiento de dichas circunstancias. La omisión de denunciar las incompatibilidades o impedimentos, hará pasible al profesional, de la sanción prevista en esta ley.
Los abogados comprendidos en las incompatibilidades del artículo anterior, únicamente podrán actuar en causa propia o en la de su cónyuge, ascendientes o descendientes en línea recta, hermanos, pupilos o adoptados, como así también, en las que sean inherentes a su cargo o empleo.

Capítulo II
Jerarquía del abogado: deberes y derechos

Artículo 5.- El abogado en el ejercicio profesional estará equiparado a los magistrados, en cuanto a la consideración y respeto que se le debe. Sin perjuicio de las sanciones penales que pudieren corresponder a quien no observare esta norma, el abogado afectado tendrá derecho a efectuar reclamación ante el superior jerárquico del infractor, que deberá tramitarse sumariamente debiendo ser considerado en dicha causa como parte, al igual que el Colegio Departamental con jurisdicción en el lugar donde se cometió la infracción. El matriculado afectado deberá comunicar de inmediato al Colegio cualquier violación de la presente norma.

Artículo 6.- Son deberes específicos de los abogados, sin perjuicio de otros señalados en la presente o en leyes especiales, los siguientes:
a) Observar fielmente las Constituciones Nacional y Provincial y la legislación que en su consecuencia se dicte;
B) Aceptar y ejercer los nombramientos de oficio, que por sorteo efectúen las autoridades del Colegio para asesorar, defender o patrocinar jurídicamente en forma gratuita a litigantes carentes de recursos suficientes;
C) Tener estudio o domicilio especial dentro del radio de la provincia del Chaco;
D) Comunicar al Colegio todo cambio de domicilio que efectúen, así como también la cesación o reanudación de sus actividades profesionales;
E) Comportarse con lealtad, probidad y buena fe en el desempeño profesional, conforme las normas éticas aprobadas por los organismos competentes;
F) Observar con fidelidad el secreto profesional, salvo autorización fehaciente del interesado;
G) Ajustarse a las disposiciones del Artículo 15 cuando actuare como apoderado.

Artículo 7.- Son derechos específicos de los abogados, sin perjuicio de los acordados por otras disposiciones legales, los siguientes:
A) Evacuar consultas jurídicas y percibir las remuneraciones que fijan las leyes arancelarias;
B) Defender, patrocinar, asesorar y/o representar judicial o extrajudicialmente, ejercer como árbitros, arbitradores o amigables componedores;
C) Guardar el secreto profesional;
D) Comunicarse libremente con las personas privadas de libertad, respecto de los intereses jurídicos de ellas;
E) La inviolabilidad de su estudio profesional, en resguardo de la garantía constitucional de la defensa en juicio, conforme al artículo 20, segundo párrafo de la Constitución Provincial 1957-1994. A tal efecto el inmueble donde funciona el estudio profesional solo podrá ser allanado por motivos ajenos al ejercicio de la defensa, por orden judicial y con comunicación fehaciente por parte del juez interviniente al Colegio de Abogados departamental competente, el que deberá designar un miembro de su Consejo Directivo para que este presente en el procedimiento.

Artículo 8.- Sin perjuicio de los derechos que se le otorguen en otras disposiciones legales, es facultad de los abogados en ejercicio de su función, recabar directamente de las entidades públicas información concerniente a las cuestiones que se les haya encomendado, teniendo libre acceso personal a archivos y demás dependencias publicas y administrativas en las que existan registros de antecedentes. Estos pedidos deberán ser evacuados por las oficinas y entidades públicas dentro del término de quince (15) días siendo las contestaciones entregadas personalmente al abogado. No haciendo manifestación alguna y existiendo un expediente judicial en trámite, serán remitidas al Juzgado de la causa.
Se exceptúan de esta disposición, aquellas informaciones de carácter estrictamente privado y aquellos registros, archivos y dependencias cuyas constancias se declaren reservadas por disposición expresa de las leyes, debiendo en estos casos el abogado requerir información por intermedio del Juez de la causa.

Artículo 9.- Además de lo establecido en el Artículo 21, penúltimo y último párrafos de la Constitución Provincial 1957-1994, en dependencias policiales o de organismos de seguridad deberán proporcionarse al abogado los informes que éste requiera respecto de los motivos de detención de cualquier persona y el nombre del Juez a cuyo cargo se hallare la causa. Dicho informe deberá ser proporcionado por escrito en el acto del requerimiento y por intermedio del funcionario de mayor jerarquía presente al momento del requerimiento; no podrán establecerse horarios ni días para evacuar tales pedidos, a cuyo efecto se consideran hábiles las veinticuatro (24) horas del día.

Artículo 10.- Queda expresamente prohibido a los abogados:
A) Representar, patrocinar y/o asesorar simultanea o sucesivamente, en una misma causa, intereses opuestos. La demanda por presentación conjunta o divorcio vincular de los cónyuges, no importará presunción de representar intereses contrarios;
B) Ejercer la profesión en procesos en cuyas tramitaciones hubiere intervenido anteriormente como Juez de cualquier instancia, secretario o representante del Ministerio Público;
C) Autorizar el uso de su firma o nombre a personas no habilitadas para el ejercicio de la profesión;
D) Disponer la distribución o participación de honorarios con personas que carezcan de título habilitante para el ejercicio profesional;
E) Publicar avisos que induzcan a engaño u ofrecer ventajas que resulten violatorias de las leyes en vigor, o que atenten contra la ética profesional;
F) Recurrir directamente, o por terceras personas a intermediarios remunerados para obtener asuntos;
G) Asegurar al cliente el éxito del pleito;
H) Tener trato directo o indirecto con la contraparte, prescindiendo del profesional que la represente, patrocine o defienda en el juicio;
I) Sustituir a abogado o procurador en el apoderamiento o patrocinio de un litigante, sin darle previamente aviso a los que se desempeñen en tal carácter. El aviso previo no es necesario cuando el anterior profesional ha cesado en el patrocinio o mandato;
J) Celebrar contratos de sociedad profesional con personas que no sean abogados o procuradores, sin que se respeten las incumbencias y aranceles profesionales respectivos.

Capítulo III
De los procuradores: deberes y derechos

Artículo 11.- El ejercicio de la profesión de procurador comprende las siguientes funciones:
1.- Representar en juicio o proceso, o fuera de él, bajo patrocinio letrado cuando así lo prescribieren las leyes pertinentes;
2.- Presentar con su sola firma aquellos escritos que tengan por objeto activar el procedimiento, acusar rebeldía, deducir recurso de apelación y en general, los de mero trámite.

Artículo 12.- La representación ante los órganos jurisdiccionales de la provincia sólo podrá ser ejercida por los procuradores y abogados matriculados pero podrán también ejercerla: 1.- Los funcionarios y empleados de la Nación, la provincia y las municipalidades, cuando actuaren exclusivamente dentro de la competencia prevista por las leyes pertinentes;
2.- Los representantes legales, albaceas testamentarios en asuntos concernientes a sus funciones; los mandatarios generales con facultad de administrar en gestiones concernientes a actos de pura administración; los cónyuges y personas de familia dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, siempre que sean considerados solventes a arbitrio de los jueces.
Las personas comprendidas en los incisos 1) y 2) deberán actuar necesariamente con asistencia de letrados, excepto si se tratare de abogado inscripto en la matrícula.

Artículo 13.- Los procuradores podrán prescindir de dirección letrada:
1.- En los juicios de competencia de la Justicia de Paz;
2.- En cualquier clase de juicios mientras no se opongan excepciones o defensas.

Artículo 14.- Es obligación de los procuradores:
1.- Representar gratuitamente a los declarados pobres en los casos y modos previstos por la ley;
2.- Recurrir a dirección letrada en la forma ordenada por esta ley y las demás que lo exijan;
3.- Poner en conocimiento del letrado patrocinante las notificaciones que se les hicieren de providencias, autos o sentencias.

Artículo 15.- Son deberes comunes a los letrados, apoderados y procuradores:
1.- Interponer los recursos ordinarios contra toda sentencia adversa a su parte y regulación de honorarios que corresponda abonar a la misma, salvo el caso de tener instrucciones en contrario por escrito de su comitente o éste no lo proveyere los fondos necesarios para el depósito cuando fuere menester;
2.- Asistir los días designados para las notificaciones en la oficina a los juzgados o tribunales donde tengan pleitos o procesos, y con la frecuencia necesaria en los casos urgentes;
3.- Ejercer la representación aceptada hasta que hayan cesado legalmente en sus cargos, de acuerdo con las leyes procesales;
4.- Presentar y suscribir los escritos y activar el procedimiento en las condiciones de ley;
5.- Asistir puntualmente a las audiencias que se celebren en los juicios donde intervinieren.

Artículo 16.- Son aplicables a los procuradores los artículos 1, 2, 3, 4, 6 y 10 de esta ley.






Título II
Inscripción en la matricula
Capítulo I
Matricula de abogados y procuradores

Artículo 17.- Para inscribirse en la matrícula de los Colegios que por esta ley se crean, se requiere:
A) Acreditar identidad personal;
B) Presentar título de abogado o de procurador expedido y/o reconocido por autoridad nacional competente;
C) Denunciar el domicilio real y constituir uno especial en la provincia del Chaco;
D) Declarar bajo juramento no estar afectado por ninguna de las incompatibilidades o impedimentos referidos en el Artículo 3 de la presente ley.

Artículo 18.- El Consejo Directivo de cada Colegio verificará si el peticionante reúne los requisitos exigidos en el Artículo 17 de la presente ley y deberá expedirse dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la fecha de la solicitud. La falta de resolución dentro del mencionado plazo implicará tener por aceptada la solicitud del peticionante.

Artículo 19.- El rechazo del pedido de inscripción sólo podrá fundarse en el incumplimiento de alguno de los requisitos previstos en el Artículo 17 y deberá ser decidido por el voto coincidente de la mayoría simple de los miembros del Consejo Directivo. En caso de denegatoria, el peticionante interesado podrá interponer recurso de apelación ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial a cuya jurisdicción corresponda el Colegio departamental donde se originó la denegatoria, el que deberá ser deducido y fundado dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la correspondiente notificación fehaciente. El recurso se concederá libremente con efecto devolutivo. La Cámara dará traslado por cinco (5) días hábiles al Colegio; vencido este plazo, el tribunal resolverá la apertura a prueba por veinte (20) días, si hubiere sido solicitada por el apelante y considerase procedente la misma; caso contrario, llamará autos para resolver. La resolución deberá producirse dentro de los veinte (20) días hábiles e improrrogables del llamamiento de autos para resolver.
El Colegio, al contestar el traslado, no podrá invocar, aludir o referirse a hechos que no hayan sido objeto de mención o consideración en la resolución denegatoria. Para la sustanciación del recurso se aplicarán supletoriamente las normas del Código Procesal Civil y Comercial del Chaco referidas al recurso de apelación, en cuanto fueren compatibles.

Artículo 20.- El Colegio tendrá a su cargo la actualización y depuración de la matrícula de abogados, debiendo comunicar anualmente las modificaciones que se operen en la misma, al Superior Tribunal de Justicia del Chaco y a la Caja Forense del Chaco.

Artículo 21.- Los abogados y procuradores matriculados que con posterioridad a su inscripción estén incursos en alguna de las incompatibilidades especificadas en los incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del apartado a) del Artículo 3 de esta ley, podrán reincorporarse a la matrícula al cesar las causas de incompatibilidad allí mencionadas.

Artículo 22.- Una vez aprobada su inscripción en la matrícula, el abogado y el procurador prestará juramento de fidelidad en el ejercicio de su profesión a las Constituciones Nacional y Provincial y a las reglas de ética profesional en formal acto público ante el Colegio. Prestado que sea el juramento, se le hará entrega de la credencial o certificado respectivo, en el que constará la identidad, su domicilio y datos de inscripción, comunicándose la inscripción al Superior Tribunal de Justicia del Chaco y a la Caja Forense del Chaco, dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas. En la credencial o certificado correspondiente al abogado, se transcribirá el Artículo 5 de esta ley. La sola exhibición de la credencial otorgada por el Colegio será suficiente para acreditar la condición de abogado.




Capitulo II
De los registros de matriculados

Artículo 23.- El Colegio de abogados de cada jurisdicción clasificará, en libros duplicados, a los profesionales como abogados y procuradores en la siguiente forma:
1) Matriculados en actividad con domicilio real y permanente en la provincia;
2) Matriculados en actividad con domicilio real fuera de la provincia;
3) Matriculados en funciones o empleos con incompatibilidades totales o parciales con el ejercicio profesional;
4) Matriculados en pasividad por abandono del ejercicio profesional;
5) Matriculados excluidos del ejercicio profesional;
6) Matriculados fallecidos.

Artículo 24.- De cada profesional se llevará un legajo en el que se consignarán sus datos personales, títulos, empleos o función en su caso, su domicilio real y el legal de su estudio, traslados y todo cambio que pueda determinar una alteración de la clasificación del Artículo 23, como así también las sanciones que se les impongan, sin perjuicio de lo que al respecto se agregue reglamentariamente.
A tal fin, los jueces y jefes de registros correspondientes deberán comunicar al Colegio las declaraciones de incapacidad y las inhabilitaciones previstas en el Código Civil y en la ley de concursos, las sentencias penales condenatorias, las declaraciones de falencia, el fallecimiento y la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento de los inscriptos, así como las sanciones disciplinarias que se le imponga en cualquier proceso judicial según las normas vigentes.

Artículo 25.- Corresponde al Colegio conservar y depurar las matriculas y listas que se comunican anualmente a los jueces y tribunales, debiendo conservarse en forma pública y visible la nómina actualizada en cada secretaría, sobre la cual se efectuarán las designaciones de oficio que correspondan legalmente.



Titulo III
Colegiación de abogados
Capitulo I
De los Colegios de abogados departamentales

Artículo 26.- Por cada circunscripción judicial se organizará un Colegio para el fin y con la competencia determinada en el presente capítulo.

Artículo 27.- Cada Colegio tendrá su sede en la ciudad que determine por asamblea, dentro de su circunscripción, pudiendo tener delegaciones en los lugares donde funcionen tribunales de primera instancia. Se designará con el aditamento de la circunscripción judicial respectiva y serán sus miembros los profesionales que ejerzan en su jurisdicción.

Artículo 28.- Cuando un profesional ejerza en más de una circunscripción judicial, pertenecerá al Colegio de aquél donde tenga su domicilio real, pero en todos los casos los actos profesionales se juzgarán por el Colegio del lugar donde se hubieren producido.

Artículo 29.- Los Colegios que crea la presente ley, funcionarán con capacidad para actuar pública y privadamente, teniendo el carácter y prerrogativas de las personas jurídicas de derecho público no estatal, en cuanto al ejercicio de facultades que le son conferidas por imperio de la presente.

Artículo 30.- Los Colegios tienen por objeto y atribuciones, exclusivamente:
1) El gobierno de la matricula profesional;
2) La defensa y asistencia jurídica de las personas indigentes o sin recursos;
3)El poder disciplinario sobre los abogados que actúen en su jurisdicción, con las limitaciones que se establecen en la presente ley;
4) La creación y sostenimiento de una biblioteca preferentemente jurídica;
5) La realización de cursillos, conferencias, debates y cualquier otra actividad que corresponda al interés general o técnico profesional y a la capacitación de los nóveles abogados;
6) La colaboración en estudios, informes, proyectos y demás investigaciones científicas que los poderes públicos le encomienden, en lo que se refiere a la profesión, la legislación en general y las instituciones jurídicas y sociales;
7) La promoción o participación en congresos o jornadas por medio de colegiados;
8) Bregar por la buena administración de la Justicia proponiendo las medidas que juzguen convenientes;
9) La institución de becas o premios de estímulo a sus miembros por la especialización de estudios en consideración a su trascendencia y jerarquía, para lo cual deberán concurrir las dos terceras partes de los miembros del Consejo Directivo;
10) La defensa de sus miembros en aseguramiento de la libertad del ejercicio profesional, conforme a las leyes, velar por el decoro del mismo y afianzar la armonía y camaradería y el espíritu comunitario del foro;
11) Administrar los fondos y recursos, fijar el presupuesto anual y nombrar y remover empleados;
12) Redactar anteproyectos de legislación;
13) Propender al progreso de la legislación de la Provincia y dictaminar o colaborar en los estudios, proyectos de ley y demás trabajos de técnica jurídica que le solicitaren las autoridades públicas.
14) Adquirir bienes, aceptar donaciones y legados, los que solo podrán destinarse al cumplimiento de los fines de la institución, e invertirlos u otorgar beneficios a sus asociados en la forma que el reglamento interno lo determine;
15) Dictar las disposiciones que fueran necesarias para poner en marcha a la institución;
16) Instituir medios alternativos de solución de controversias, tales como la mediación, la conciliación y arbitraje;
17) Colaborar en todas aquellas obras vinculadas con la función social de las profesiones;
18) Centralizar el control y registro de la matrícula de abogados y procuradores;
19) Dictar las normas de ética profesional;
20) Aprobar su reglamento interno;
21) Sancionar el reglamento electoral;
22) Velar por el fiel cumplimiento de las disposiciones de la presente ley y su reglamentación.

Capítulo II
De las autoridades

Artículo 31.- Cada Colegio tendrá los siguientes órganos: la Asamblea, el Consejo Directivo y el tribunal de ética y disciplina.

Artículo 32.- Se declara carga pública el desempeño de todas las funciones colegiales. Podrán excusarse los mayores de sesenta (60) años y los que hayan desempeñado funciones en el período inmediato anterior.

Artículo 33.- No son elegibles ni pueden ser electores en ningún caso, los profesionales inscriptos que adeuden la cuota anual establecida en el Artículo 62 inciso a) al momento de la elección. El voto es secreto y obligatorio. El que sin causa justificada no lo emitiere, sufrirá la sanción que establezca el reglamento interno y que aplicará el Tribunal de Disciplina.

Artículo 34.- Los profesionales ausentes o que no tengan su domicilio real en la ciudad donde se efectué el acto eleccionario, podrán votar por carta suscripta por el elector, conforme al reglamento electoral que dictará la asamblea de colegiados.

Capítulo III
Del Consejo Directivo, elección y funciones

Artículo 35.- El Consejo Directivo estará compuesto por un presidente, un vicepresidente, un secretario general, un tesorero, un secretario de actas y seis (6) vocales titulares y hasta nueve (9) vocales suplentes. Para ser miembro del Consejo Directivo, se requiere tener una antigüedad mínima de tres (3) años de inscripción en la matrícula de la circunscripción judicial respectiva y su domicilio real en la misma, con excepción de lo dispuesto en el párrafo siguiente.
Dos de los miembros del Consejo Directivo deberán ser menores de treinta y cinco (35) años y con una antigüedad en el título que no exceda los siete (7) años.
En la integración del Consejo Directivo se deberá respetar la paridad de génerode conformidad a lo dispuesto en las leyes electorales.
Para ser presidente o vicepresidente, se necesitará reunir idénticos requisitos que para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia.

Artículo 36.- Los miembros del Consejo Directivo serán elegidos por voto directo, secreto y obligatorio de los afiliados, por el sistema de listas. La lista que obtenga mayor cantidad de votos, se adjudicará los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario General, Secretario de Actas, Tesorero, tres (3) vocales titulares y hasta seis (6) vocales suplentes como mínimo; los restantes cargos se distribuirán en forma proporcional de acuerdo al sistema D'Hont entre las listas que hayan obtenido, como mínimo, el diez por ciento (10%) de los votos válidos emitidos. Los suplentes reemplazarán a los titulares de la misma lista, por la cual hubiesen sido electos y en el orden en que figuraban.

Artículo 37.- Los miembros del Consejo Directivo durarán cuatro (4) años en sus funciones y podrán ser reelectos en forma sucesiva por una sola vez. En los períodos siguientes, solo podrán ser reelegidos con intervalos de cuatro (4) años.

Artículo 38.- Es de competencia del Consejo Directivo:
1) Ejercer la representación legal del Colegio;
2) Llevar la matrícula;
3) Representar a los profesionales en actividad adoptando las medidas necesarias para asegurarles el libre ejercicio de la profesión;
4) Convocar las asambleas y redactar el orden del día presentando anualmente a la Asamblea General Ordinaria de afiliados, la memoria, balance general e inventario del ejercicio anterior, así como también el presupuesto de gastos y cálculo de recursos para el siguiente ejercicio;
5) Defender los derechos e intereses profesionales, el honor y dignidad de los miembros, velando por el decoro e independencia de la profesión;
6) Impedir el ejercicio ilegal de la profesión y denunciar al que lo haga;
7) Hacer conocer al Superior Tribunal de Justicia, las deficiencias e irregularidades que apreciare en el funcionamiento judicial;
8) Intervenir, a solicitud de parte, en los conflictos entre colegas o entre profesionales y clientes, por restitución de documentos o con motivo de gastos, anticipos u honorarios, sin perjuicio de la actuación que corresponda a los jueces;
9) Administrar los recursos y fijar el presupuesto del Colegio;
10) Cumplir y hacer cumplir lo resuelto por las asambleas;
11) Nombrar y remover a los empleados;
12) Elevar al Tribunal de Disciplina los antecedentes de las faltas cometidas por los miembros del Colegio, a los efectos de las sanciones correspondientes;
13) Solicitar al Tribunal de Disciplina la aplicación de las sanciones en los casos de los artículos 4 y 55;
14) Convocar, en situaciones de gravedad institucional, a la asamblea general de afiliados;
15) Ejercer todas las facultades y atribuciones emanadas de la presente ley, que no hayan sido conferidas específicamente a otros órganos.

Artículo 39.- La representación legal prevista en el inciso 1 del Artículo anterior, será ejercida por el presidente del Consejo Directivo, su reemplazante o el miembro del Consejo Directivo que dicho órgano designe.

Artículo 40.- En caso de fallecimiento, remoción, impedimento legal o renuncia del presidente, lo reemplazarán el vicepresidente, el secretario general y el tesorero, en el orden enunciado. Cuando no se pueda cubrir el cargo de presidente por el procedimiento señalado, el mismo será cubierto por quien el Consejo Directivo elija de entre sus miembros, a simple pluralidad de sufragios. El así elegido,
completará el período del reemplazado. En el ínterin, el cargo será desempeñado por el vocal que ocupe el primer término en la lista.

Artículo 41.- El Consejo Directivo se reunirá como mínimo cuatro (4) veces en el mes y cada vez que sea convocado por el presidente o lo solicite la mayoría de los miembros. Sesionará válidamente con la presencia dedela mitad más uno de sus miembros y sus resoluciones se adoptarán por la simple mayoría de los votos presentes, con excepción de los casos en que por esta ley se requieran mayorías especiales. El presidente tendrá doble voto en caso de empate.
El Consejo Directivo decidirá en sus reuniones toda cuestión que le sea sometida por los afiliados, por los otros órganos del Colegio o por los poderes públicos o entidades gremiales afines, y que por esta ley o el reglamento interno del Colegio, sean de su competencia.

Capítulo IV
De las asambleas

Artículo 42.- Cada año, en la forma que establezca el reglamento interno, se reunirá la Asamblea General Ordinaria para tratar los asuntos que el Consejo Directivo fijare en el orden del día.

Artículo 43.- Las asambleas funcionarán con la presencia de la mitad más uno de los matriculados del Colegio, pero transcurrida una hora sin lograr número, podrá realizarse con los que concurran. Válidamente las decisiones se tomarán por simple mayoría de los matriculados presentes con derecho a voto, salvo que en esta ley se dispusiera otra distinta.

Artículo 44.- Las citaciones se harán con una antelación no menor de diez (10) días, las que se realizarán mediante edicto, a publicarse por tres (3) días y con una antelación no menor de diez (10) días en un diario local o zonal.

Artículo 45.- Es de competencia de la Asamblea General Ordinaria:
A) Considerar anualmente en la fecha y forma en que establezca la reglamentación, la memoria, balance y presupuesto de gastos y cálculo de recursos, informes anuales del Consejo Directivo y del Tribunal de Disciplina;
B) Tratar y resolver los asuntos que el Consejo Directivo incorpore al orden del día de la Asamblea.

Artículo 46.- Podrá citarse a Asamblea Extraordinaria cuando así lo resuelva el Consejo Directivo o cuando lo solicite por escrito por lo menos un quinto de los colegiados con derecho a voto.

Capítulo V
Del Tribunal de Disciplina

Artículo 47.- El Tribunal de Disciplina estará compuesto por tres (3) miembros titulares y tres (3) suplentes. Para ser miembro del mismo se requerirá tener una antigüedad de diez (10) años de inscripción en la matrícula, como mínimo.
Los Colegios departamentales podrán delegar, por circunstancias excepcionales que fije la reglamentación, referidas a incompatibilidades o para asegurar mayor imparcialidad a los interesados, las funciones del Tribunal de Disciplina con facultades de actuación en su Circunscripción. Sólo podrá actuar por delegación el Tribunal de Disciplina de la Circunscripción más próxima.

Artículo 48.- Los miembros del Tribunal de Disciplina serán elegidos por el voto directo, secreto y obligatorio de los afiliados por el sistema de listas. La lista que obtenga mayor número de votos se adjudicará dos (2) miembros titulares y dos (2) miembros suplentes. La primera minoría obtendrá el miembro titular y suplente restante, siempre que obtenga el diez por ciento (10%) de los votos. Caso contrario, dichos miembros titular y suplente, serán también los candidatos de la lista ganadora.

Artículo 49.- Los miembros del Tribunal de Disciplina durarán cuatro (4) años en el ejercicio de sus funciones y no podrán ser reelectos sino con intervalo de un período. La tramitación del procedimiento disciplinario podrá realizarse por dos (2) de los miembros del Tribunal de Disciplina; pero para dictar la resolución definitiva, deberá contarse con la emisión del voto de todos sus miembros. Para la aplicación de la sanción de exclusión de la matricula se requerirá voto unánime de todos sus miembros.

Artículo 50.- Es de competencia del Tribunal de Disciplina:
A) Sustanciar los sumarios por violación a las normas éticas sancionadas por la Asamblea;
B) Aplicar las sanciones para las que esté facultado;
C) Dictaminar, opinar e informar, cuando ello le sea requerido;
D) Llevar un registro de penalidades de los matriculados;
E) Rendir a la Asamblea Anual Ordinaria, anualmente y por medio del miembro que designe, un informe detallado de las causas sustanciadas y sus resultados.

Artículo 51.- Los miembros del Tribunal de Disciplina serán recusables por las causas establecidas para los jueces en el Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la provincia del Chaco, no admitiéndose la recusación sin causa.

Artículo 52.- La Asamblea reglamentará el procedimiento al que se ajustará el Tribunal de Disciplina, como también su modo de actuación. Dicha reglamentación hará aplicación de los siguientes principios:
A) Juicio oral;
B) Derecho a la defensa, asegurando en su caso el sistema de defensa oficial, obligatoria y gratuita;
C) Plazos procesales, perentorios e improrrogables;
D) Impulso de oficio del procedimiento;
E) Normas supletorias aplicables;
F) Término máximo de duración del proceso.

Artículo 53.- El Tribunal de Disciplina podrá disponer directamente la comparencia de testigos, realizar inspecciones, verificar y realizar todo tipo de diligencias. A
tales efectos, podrá valerse del auxilio de la fuerza pública, cuyo concurso deberá ser requerido a autoridad judicial, la que, examinando la fundamentación del pedido, resolverá sin otro trámite en el término de cuarenta y ocho (48) horas.

Capítulo VI
De los poderes disciplinarios. Competencia. Causa. Sanciones. Recurso. Rehabilitaciones

Artículo 54.- Es atribución exclusiva del Colegio fiscalizar el correcto ejercicio de la profesión de abogado. A tales efectos, ejercitará el poder disciplinario con independencia de la responsabilidad civil, penal o administrativa que pueda imputarse a los matriculados.

Artículo 55.- Los abogados matriculados quedarán sujetos a las sanciones disciplinarias previstas en esta ley, por las siguientes causas:
A) Condena judicial o cualquier tipo de pena por delito doloso contra la propiedad, la administración pública o la fe pública y, en general, todas aquellas condenas que comprendan la inhabilitación profesional y en la medida de la duración de las mismas;
B) Calificación de conducta fraudulenta o dolosa o inhabilitación en concurso o quiebra, mientras no sean rehabilitados;
C) Violación de las incompatibilidades, impedimentos y prohibición establecidas por los artículos 3 y 10 de esta ley y omisión de la obligación de comunicación establecida en el Artículo 4;
D) Retención indebida de documentos o bienes pertenecientes a sus mandantes, representados o asistidos;
E) Retardo o negligencia frecuente, o ineptitud manifiesta, u omisiones graves en el cumplimiento de sus deberes profesionales;
f) Infracción manifiesta o encubierta a lo dispuesto por la ley arancelaria;
G) Incumplimiento de las normas de ética profesional, sancionadas por el Colegio;
H) Toda contravención a las disposiciones de esta ley y al reglamento interno que sancione la Asamblea de colegiados;
I) El que perjudicando a terceros haya abandonado el ejercicio de la profesión o traslade su domicilio fuera de la circunscripción sin dar aviso dentro de los treinta (30) días al Colegio de abogados;
J) El miembro del Consejo Directivo o del Tribunal de Disciplina que falte a tres (3) sesiones consecutivas o cinco (5) alternadas en el curso de un (1) año sin causa justificada.

Artículo 56.- Las sanciones disciplinarias serán:
A) Llamado de atención;
B) Advertencia en presencia del Consejo Directivo;
C) Multa cuyo importe no podrá exceder a la retribución mensual de un Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la provincia del Chaco;
d) Suspensión de hasta un año en el ejercicio de la profesión;
E) Exclusión de la matrícula, que sólo podrá aplicarse:
E.1. Por haber sido suspendido el imputado, dos o más veces dentro de los últimos tres años, computados desde la primera suspensión;
E.2. Por haber sido condenado, por comisión de un delito doloso, a pena privativa de la libertad superior a dos (2) años y siempre que de las circunstancias del caso se desprendiera que el hecho afecta el decoro y la ética profesional.
A los efectos de la aplicación y graduación de las sanciones previstas en los incisos precedentes, el Tribunal de Disciplina deberá tener en cuenta la gravedad de la falta, la antigüedad en el ejercicio profesional y los antecedentes disciplinarios del imputado.

Artículo 57.- En todos los casos que recaiga sentencia penal condenatoria a un abogado, será obligación del tribunal o juzgado interviniente, comunicar al Colegio la pena aplicada, con remisión de copia íntegra del fallo recaído y la certificación de que la misma se encuentra firme. La comunicación deberá efectuarse al presidente del Consejo Directivo, dentro del término de cinco (5) días de quedar firme la sentencia.


Artículo 58.- Las sanciones de los incisos a), b), c) y d) del Artículo 56 se aplicarán por mayoría simple de los miembros del Tribunal de Disciplina, mientras que la exclusión de la matrícula solamente podrá disponerse por la unanimidad de todos sus miembros.
Todas las sanciones aplicadas por el Tribunal de Disciplina, serán apelables con efecto suspensivo, debiendo interponerse el recurso dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada la respectiva resolución, en forma fundada ante el tribunal. La apelación será sustanciada ante la Asamblea del Colegio convocada al efecto y resuelta dentro del plazo máximo de sesenta (60) días corridos desde la interposición del recurso. Se entenderá que el recurso ha sido denegado, si dentro de dicho plazo no media pronunciamiento de la Asamblea.
En caso de confirmación de la sanción por la Asamblea, el profesional sancionado podrá interponer recurso de apelación ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial a cuya jurisdicción corresponde el Colegio donde se origino la sanción, el que deberá ser deducido y fundado, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación fehaciente de la decisión asamblearia. El recurso se concederá libremente con efecto suspensivo. La Cámara dará traslado por diez (10) días hábiles al Colegio. Vencido este plazo, el tribunal resolverá la apertura a pruebas por veinte (20) días, si hubiere sido solicitada por el apelante y considerada procedente. Caso contrario, llamará autos para resolver. La Cámara deberá dictar sentencia dentro de los veinte (20) días hábiles e improrrogables del llamamiento de autos para resolver. El Colegio, al contestar el traslado, no podrá invocar, aludir o referirse a hechos que no hayan sido objeto de mención o consideración en la resolución sancionatoria o el acto asambleario confirmatorio. Para la sustanciación del recurso, se aplicaran supletoriamente las normas del Código Procesal, Civil y Comercial del Chaco, referentes al recurso de apelación, en cuanto fueren compatibles.
Cuando el Tribunal de Disciplina actúe por delegación de otro Colegio, actuará como tribunal de apelación, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial con jurisdicción en la sede del Colegio actuante.
Contra las sentencias de las Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial se podrán interponer los Recursos Extraordinarios de conformidad a las leyes que reglamentan dichos recursos.

Artículo 59.- Las acciones disciplinarias se prescriben al año de producido el hecho que autoriza su ejercicio y siempre que quienes tuvieren interés en promoverlas, hubieran podido razonablemente tener conocimiento de los mismos. Cuando el hecho pudiera dar lugar a la exclusión del ejercicio profesional, la prescripción de la acción se producirá a los tres (3) años de ocurrido el hecho generador.

Artículo 60.- El Tribunal de Disciplina, por resolución fundada, podrá acordar la rehabilitación del abogado excluido de la matrícula, siempre que hayan transcurrido dos (2) años como mínimo del fallo disciplinario firme y hayan cesado las consecuencias de la condena penal, si las hubo.

Artículo 61.- Las sanciones aplicadas por el Tribunal de Disciplina serán anotadas en el legajo correspondiente al profesional sancionado. La renuncia a la inscripción en la matrícula no impedirá el juzgamiento del renunciante.

Capítulo VII
Del patrimonio
Integración de los fondos de los Colegios

Artículo 62.- Los fondos de los Colegios se formarán con los siguientes recursos:
A) Cuota anual que deberán abonar los abogados inscriptos y en ejercicio de la profesión. Esta cuota será fijada anualmente por la asamblea del Colegio respectivo y no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) de un salario mínimo vital y móvil.
B) Donaciones, herencias, legados y subsidios;
C) Multas y recargos establecidos por esta ley;
D) Una contribución obligatoria, a cargo de cada abogado por cada juicio contencioso o voluntario que participe, la que será determinada por la Asamblea de cada Colegio y destinada a los gastos de funcionamiento y administración de los mismos, así como a los que insume el control del ejercicio profesional, cuyo valor no podrá ser superior al uno por ciento (1 %) de un salario mínimo vital y móvil.
En caso de juicio de monto indeterminado, el importe de la contribución será el uno por ciento del salario mínimo, vital y móvil.
El Colegio respectivo tendrá derecho de verificación en los expedientes judiciales, del cumplimiento de este aporte. En todos los trámites procesales que por leyes especiales tengan establecido el beneficio de la gratuidad, quedarán exceptuados de la contribución los profesionales que representen a los titulares de dicho beneficio. Dicha contribución se hará efectiva en una boleta de depósito especial en el Banco del Chaco, conforme normas que las autoridades del Colegio acuerden con la entidad financiera. Los jueces no darán curso a ninguna presentación sin verificar el pago de este derecho.
Quedan exceptuados de esta contribución los profesionales que ejerzan el patrocinio o representación jurídica gratuita, en los recursos de habeas corpus y en los casos que se haya obtenido el beneficio de litigar sin gastos. Cuando recaiga condena en costas a favor del litigante con beneficio de litigar sin gastos, o representado o patrocinado gratuitamente, la parte obligada deberá satisfacer el pago de esta contribución a los valores vigentes en esa fecha.
E) Con los intereses y frutos civiles en los bienes del Colegio;
F) Con los aranceles que perciba el Colegio por los servicios que preste.

Artículo 63.- La cuota anual deberá abonarse por anticipado, antes del 1 de marzo de cada año; los que se incorporen deberán hacerlo inmediatamente de resolverse la aceptación de su pedido y antes de cumplirse con lo dispuesto en el Artículo 22. Transcurridos dos (2) meses de la fecha indicada, su cobro compulsivo se realizará según el procedimiento de apremio. Será titulo suficiente la planilla de liquidación suscripta por el presidente, secretario y tesorero del Colegio respectivo.
La falta de pago de tres (3) cuotas anuales se interpretará como abandono del ejercicio profesional y dará lugar a que el Colegio le suspenda la matrícula hasta que el matriculado regularice su situación, debiendo el Consejo Directivo hacer saber de esta circunstancia al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia y a la Caja Forense del Chaco.
Los abogados y procuradores con hasta tres años de antigüedad en la expedición del título, quedarán dispensados del pago de la cuota anual por dicho plazo.

Artículo 64.- Los abogados y procuradores con domicilio real y permanente en la provincia, podrán suspender el pago de los derechos y contribuciones que establezca la presente ley en beneficio del Colegio, cuando resuelvan no ejercer temporariamente la profesión en la provincia del Chaco, durante un lapso no inferior a un (1) año, ni superior a cinco (5). El pedido de suspensión en el pago deberá fundarse en razones de trabajo en otras jurisdicciones, de enfermedad o de indispensable descanso, extremos que deberán acreditarse en la forma y mediante los comprobantes que establezca el reglamento que sancione la Asamblea de colegiados.

Titulo IV
Patrocinio y representación gratuitos

Artículo 65.- Los abogados y procuradores deberán intervenir en las gestiones de declaratoria de pobreza o en los litigios de personas sin recursos. Establécese a tal fin la carga pública honoraria de la defensa de las personas sin recursos, para lo cual el interesado deberá realizar su pedido de asistencia al Colegio en la que deberá indicar claramente qué acción y con cuáles fundamentos de hecho pretende iniciarla. La designación de un profesional que lo patrocine o represente será efectuada por sorteo público y rotativo de la lista de matriculados. Dicho sorteo será realizado por el Colegio, siendo la función irrenunciable, salvo legitima causa de excusación, lo que también será resuelto por el Colegio sin recurso alguno. La actuación del profesional solamente dará derecho a la percepción de los honorarios cuando el accionante mejore de fortuna o mediare condenación en costas de la contraria. El mandato se otorgará por simple carta poder ante el Juez de Paz del domicilio del interesado o "Apud-Acta", en las actuaciones de declaratoria. El incumplimiento por parte de los que resulten designados,

será comunicado por el Colegio al Tribunal de Disciplina a efectos de las sanciones que correspondan.

Artículo 66.- El Consejo Directivo dentro de los treinta (30) días de constituido el Colegio, deberá dictar el reglamento correspondiente al funcionamiento de un Consultorio Jurídico Gratuito y de la representación y patrocinio jurídico gratuito en juicio, determinando los requisitos que deberán reunir los solicitantes de este servicio y el modo de designación de los abogados que intervendrán y las sanciones por su incumplimiento.
Deberá propenderse que sean permitidos como practicantes los estudiantes de derecho que lo soliciten, en el número, modo y condiciones que fijará el Consejo Directivo.

Título V
De los representantes ante el Consejo de la Magistratura

Artículo 67.- Los abogados que de acuerdo al artículo 166 de la Constitución de la Provincia del Chaco 1957-1994 integren el Consejo de la Magistratura, representarán a los matriculados de la o las Circunscripciones por la que o las que hayan sido electos. El Reglamento Interno establecerá los sistemas de consulta y normas que regirán su desempeño, cumplimiento de instrucciones, sanciones, etc., respetando la sujeción al principio vigente, conforme al cual uno de los abogados representa al Colegio Departamental de la Primera Circunscripción Judicial y el otro, a los Colegios Departamentales de las demás circunscripciones judiciales. El Tribunal de Disciplina del Colegio Departamental al cual pertenezca el abogado integrante del Consejo de la Magistratura, actuará como Tribunal de Ética respecto a la actuación de dicho representante.

Título VI
Infracciones al ejercicio profesional
Capítulo I
Penas

Artículo 68- Será penado con multa cuyo monto establecerá la reglamentación:
1.- El que en causa judicial ajena y sin tener título habilitante, patrocine, defienda, tramite o de cualquier manera tome intervención o participación directa no autorizada por la ley;
2.- El que, sin tener título habilitante, evacue habitualmente y con notoriedad, en forma onerosa o gratuita, consultas sobre gestiones o negocios jurídicos que estén reservados a los profesionales del derecho; se exceptúan de esta prohibición, los profesionales excluidos del ejercicio por jubilación y los que tengan título extranjero, cuando la consulta sea promovida por un profesional matriculado;
3.- El funcionario, empleado, practicante o auxiliar de justicia o del proceso que sin encontrarse habilitado para el ejercicio profesional, realice gestiones directa o indirectas propias del mismo, aún en el caso de que fueren propias y conexas con las que podría desempeñar de acuerdo con los títulos que poseyera;
4.- El que por sí o instigado por otro, encomiende, encubra o favorezca las actividades que reprime este artículo;
5.- El que anuncie o haga anunciar actividades propias de abogados o procuradores, sin incluir en forma inequívoca el nombre, apellido y título del que las realice;
6.- El que anuncie o haga anunciar actividades mencionadas en el inciso anterior, con informaciones inexactas, capciosas, ambiguas o subrepticias que de algún modo provoquen confusión sobre el profesional, su título y su actividad;
7.- La persona o los componentes de sociedad, corporación o entidades que usen denominaciones que permitan referir o atribuir a una o más personas la idea del ejercicio de la profesión, ya sea en forma judicial o extrajudicial, según se establezca reglamentariamente y que no tengan o no mencionen abogados encargados de ellas. La sanción corresponderá sin perjuicio de la clausura del local a simple requerimiento de los representantes del Colegio ante la autoridad judicial que corresponda;
8.- El profesional que anuncie una especialidad jurídica sin contar con antecedentes suficientes, reconocidos previamente por el Colegio mediante el otorgamiento del comprobante pertinente o la autorización de anuncio correspondiente;

9.- El que redacte contratos o convenios privados en forma habitual para terceros, sin tener títulos de abogado, salvo el escribano de registro cuando da fe de la autenticidad de las firmas o del contrato celebrado por escritura pública.

Artículo 69.- Cuando el infractor sea funcionario, empleado o auxiliar de la administración de justicia, el mínimo de la multa establecida será el doble de la que corresponda, adicionándose a la pena pecuniaria la suspensión de uno (1) a seis (6) meses en el cargo, matrícula, inscripción, registro o empleo. La reincidencia será penada con exoneración del empleo o cargo o con la exclusión de la matrícula respectiva.

Artículo 70.- Si el responsable de las actividades penadas en este título fuese profesional del derecho cuyo título no lo habilita para las actividades que se atribuye, ejerce o colabora, además de la pena de los artículos 68 y 69, será suspendido por el término de un mes en los derechos que le confiere su matricula, inscripción o registro; en caso de reincidencia, la suspensión será de un (1) año.


Capitulo II
Competencia y procedimiento

Artículo 71.- El conocimiento de las infracciones del capítulo anterior corresponderá:
1.- Al tribunal ante el cual fueren cometidos, cuando se tratare o estuviere involucrada actividad judicial y no correspondiere la intervención del Superior Tribunal de Justicia u otro órgano de Superintendencia;
2.- Al Superior Tribunal de Justicia o el órgano de Superintendencia que corresponda cuando los investigados sean empleados o funcionarios judiciales.
Las causas serán promovidas de oficio por el propio tribunal o por denuncia de los jueces, secretarios, jefes de oficinas o archivos. También podrán ser iniciadas por los profesionales del derecho o los representantes de los Colegios respectivos.

Artículo 72.- Los representantes legales de los Colegios podrán tomar intervención coadyuvante en el curso del respectivo proceso con las siguientes facultades:

1.- Realizar los actos preventivos para la constatación de los actos o hechos del Artículo 68;
2.- Solicitar las diligencias útiles para comprobar la infracción y descubrir a los responsables;
3.- Asistir a la declaración del inculpado y a las audiencias de testigos con facultad de preguntar;
4.- Activar el procedimiento y pedir el pronto despacho de la causa;
5.- Denunciar los bienes susceptibles de embargos para asegurar el pago de las multas y costas.

Artículo 73.- El trámite se substanciara ante el tribunal u organismo correspondiente en una sola audiencia, donde se producirá toda la prueba. Si el infractor citado no compareciere para su descargo, se le citará nuevamente bajo apercibimiento de que su inasistencia autorizará la prosecución del juicio en rebeldía sin más notificaciones, excepto la de la sentencia definitiva. Contra la sentencia o resolución se podrán interponer los recursos ordinarios y extraordinarios que establezcan las normas procesales de aplicación en el tribunal interviniente.

Artículo 74.- Las multas deberán abonarse dentro de los diez (10) días siguientes a la intimación. En defecto de pago, el infractor sufrirá arresto a razón de un (1) día por cada monto que establezca la reglamentación.

Título VII
De la revocación e intervención

Artículo 75.- Si las autoridades del Colegio no cumplieren con sus obligaciones o funciones propias, o realizaren actividades notoriamente ajenas a las enunciadas en esta ley, los colegiados podrán solicitar la

convocatoria a asamblea para el tratamiento de la revocación de los mandatos de alguna o de todas las autoridades elegidas. Para solicitar válidamente dicha convocatoria, se deberá contar con el veinticinco (25%) por ciento de los colegiados y la Asamblea deberá concretarse dentro de los treinta (30) días de formularse con tal requisito la petición. Para admitir la revocación parcial o total, será necesario el voto conforme de los dos tercios (2/3) de los colegiados con derecho a voto. En la misma asamblea, por simple mayoría, en caso de revocación total, se designará al interventor, el que deberá rendir cuenta de su gestión al término de la misma.

Artículo 76.- El interventor deberá ser abogado colegiado y contar con los mismos requisitos para su designación que las autoridades a las que suplirá transitoriamente, y en ningún caso la duración de la intervención podrá superar los tres (3) meses, término dentro del cual deberá quedar normalizado el funcionamiento del respectivo Colegio.

Artículo 77.- El interventor ejercerá las atribuciones de las autoridades revocadas, pero carecerá de facultades de disposición y sancionatorias o disciplinarias.

Artículo 78.- El interventor que se designare por cualquier otra autoridad, deberá reunir las condiciones previstas en el Artículo 76; no podrá durar más de tres (3) meses en sus funciones dentro de los cuales deberá quedar normalizado el funcionamiento del respectivo Colegio y carecerá de facultades de disposición disciplinaria o sancionatorias.
Título VIII
Régimen electoral

Artículo 79.- Son electores de los órganos del Colegio que por esta ley se crea, todos los abogados que se hallen al día en el pago de la cuota y figuren en el padrón y siempre que no se hallaren comprendidos en las incompatibilidades o impedimentos establecidos por el artículo 3 de la presente ley. Tampoco podrán ser elegidos quienes se hallaren en tal situación. El padrón será expuesto públicamente en la sede del Colegio, por treinta (30) días corridos, a fin de que se subsanen las exclusiones o formulen las tachas o impugnaciones que correspondieren por las incompatibilidades o impedimentos previstos en la presente ley. Depurado el padrón, el Consejo Directivo deberá convocar dentro de los sesenta (60) días siguientes, a los abogados inscriptos, en condiciones de votar, a fin de que elijan a las autoridades del Colegio.

Artículo 80.- El reglamento electoral deberá ser aprobado por la asamblea de colegiados, debiendo ajustarse a las previsiones de la presente ley y en todo lo que no se oponga, se aplicarán las disposiciones de la ley provincial electoral vigente, contemplando las siguientes bases:
A) Las listas que se presenten para ser oficializadas deberán contar con el apoyo por escrito de por lo menos del cinco porciento (5%) de los abogados habilitados para ser electores en la circunscripción respectiva;
B) Para regir la elección se constituirá una Junta Electoral que estará integrada por colegiados propuestos por cada una de las Listas participantes, un matriculado designado por el Consejo Directivo y dos electos por sorteo entre todos los matriculados habilitados para votar.
C) Las previsiones especiales contenidas en esta ley.


Título IX
Disposiciones finales y transitorias

Artículo 81.- Al constituirse los Colegios la primera cuota anual que establece el Artículo 62 será abonada en la oportunidad que determine el Consejo Directivo.

Artículo 82.- Los profesionales con domicilio real en la provincia que a la fecha de promulgación de esta ley, se encontraren matriculados ante el Superior Tribunal de Justicia, serán considerados automáticamente miembros del Colegio respectivo y habilitados para el ejercicio, sin otra condición que comunicar al mismo su voluntad de actuar en la circunscripción de su domicilio real e indicar la sede de su estudio, único lugar donde podrán votar en lo sucesivo, para lo cual dispondrán de un plazo de noventa (90) días a partir de la constitución de las autoridades colegiales previstas en esta ley bajo apercibimiento de quedar cancelada la matrícula anterior.

Artículo 83.- Las personas que al entrar en vigencia esta ley, estuviesen desempeñando funciones, empleos, cargos, comisiones o mandatos que correspondan al ejercicio de las profesiones de abogado y procurador por designación de autoridades públicas, nombramientos judiciales de oficio o a propuesta de parte, quedan exceptuadas de las disposiciones que pudieran afectarlas mientras se conserven en aquéllas, y en cuanto sea estrictamente exclusivo de su función.

Artículo 84.- Dentro de los treinta (30) días de constituido cada Consejo Directivo deberá proyectar el reglamento interno y las normas de ética profesional; ambos textos deberán ser sometidos a la consideración de los colegiados, debiendo convocarse una Asamblea para su tratamiento y aprobación dentro de los noventa (90) días subsiguientes.

Artículo 85.- Si en el futuro se crearen nuevas circunscripciones judiciales en la provincia, el foro respectivo podrá organizarse como Colegio Departamental disponiendo lo necesario para su puesta en funcionamiento y cumplimiento de los requisitos que fija esta ley.

Artículo 86.- Derógase la ley Nº 2275-B como así también toda otra que se oponga a las disposiciones de la presente.-

Artículo 87.- Regístrese y comuníquese al poder ejecutivo.-





FUNDAMENTOS:


El presente proyecto de ley tiene como objeto la sustitución del régimen vigente para la regulación del ejercicio profesional de la abogacía y la procuración,
Contenidas en la Ley Nro.2275-B, estableciendo por delegación estatal el sistema de colegiación legal para dichas profesiones.
No se trata más que de hacer con esta profesión liberal, lo que pacíficamente ha sido legislado por esta misma Legislatura respecto de otras profesiones e incluso oficios. Este diseño institucional dado a las profesiones liberales, conforma una saludable y democrática medida de descentralización y autogobierno, en tanto coloca en manos de quienes ejercen esa profesión la responsabilidad y la posibilidad de gobernar su matrícula y de cuidar el ejercicio ético de su profesión.
Es al mismo tiempo, una decisión que procura resguardar los intereses de la sociedad, destinataria de los servicios esenciales provistos por los/las abogados/as, toda vez que instituye los mecanismos necesarios para recepcionar

sus reclamos y denuncias, haciendo posible el despliegue del control disciplinario sobre los y las profesionales.
El sistema de colegiación legal que ahora propiciamos instaurar, se propone también subsanar y superar los manifiestos vacíos o inconsistencias que afectaban el régimen establecido por la Ley Nro. 2275-B, apostando a mejorar la regulación de la profesión de abogados/as y procuradores/as, ante la prueba de la insatisfacción del ensayo anterior.
Al respecto debemos señalar que el régimen hoy vigente solo ha mantenido el statu quo vigente al momento de su sanción, es decir que no se han visto

desde su sanción mejorías en la organización y el ejercicio profesional de la abogacía, así como tampoco se observa el logro de la buscada jerarquización en una profesión de reconocido interés público.
Para advertir las inconsistencias de la ley Nro.2275-B baste con señalar que a poco de ser sancionada y promulgada, fue declarada inconstitucional en una de sus normas mediante acordada emitida por el Superior Tribunal de Justicia, es decir ejerciendo control de constitucionalidad de oficio, a partir de constatar que establecía la detracción de fondos recaudados en virtud de la tasa de justicia, a fin de aplicarlos al financiamiento de las asociaciones profesionales de los abogados/as, aún cuando no reconocía ni instituía a las mismas como personas de derecho público no estatal, detrayendo de esta manera fondos de naturaleza pública para financiar actividades y personas privadas.
Tampoco tuvo repercusión positiva la Ley Nro.2275-B en un aspecto esencial de la regulación de cualquier profesión, esto es el control de la ética en su ejercicio. Es que el régimen vigente instaura un control sui generis, a cargo de determinados tribunales de justicia que tienen asiento en las ciudades cabeza de las Circunscripciones Judiciales, pero exigiendo un procedimiento que ha sido erradamente asimilado a una demanda que apertura una instancia judicial. La confusión es tal que los tribunales a cargo de estas causas, se ven impedidos de actuar frente a la simple comunicación de supuestas faltas cometidas por profesionales en el marco de causas judiciales, alegando que el régimen legal vigente exige la promoción de una demanda.

Ello ha repercutido en la directa inexistencia de control sobre la ética profesional, anulando así la estadística de sanciones que antes decíamos escasa y que hoy se puede señalar como nula.
Nótese la desproporción que significa colocar a tribunales de justicia a cargo del control de la ética de una profesión que no ejercen en la modalidad controlada, puesto que por más que los/las magistrados/as sean abogados/as, está fuera de duda que desempeñan una función pública distinta del ejercicio profesional liberal,

Sujeta a un ethos distinto y por tanto condicionado a distintas pautas éticas. La prueba de esta inconsistencia está a la vista: no existe control sobre la ética profesional de los/las abogados/as.
Súmese que, fuera de toda lógica de acceso expedito y fácil, se coloca una difícil carga a los usuarios de los servicios legales, quienes para reclamar por el servicio o atención provista por su abogado/a deben acudir a otro/a abogado/a, iniciando el proceso del proceso, en un circular laberinto que desde ya que opera como incentivo negativo para hacer efectivas las responsabilidades profesionales que les han provocado afectación o daño.
Pero no es solo del lado de los usuarios que se ha comprobado el deficitario diseño de la regulación profesional de los abogados y las abogadas. El régimen tampoco es satisfactorio para los propios profesionales, quienes se encuentran impedidos de ejercer el más básico de sus derechos que es el de autogobierno, vedándoles así que procuren en formato institucional efectivo, mejorías para su bienestar como parte de un colectivo vinculado en intereses.



Para precisar el contenido de este nuevo régimen, precisamos que la colegiación legal responda a dos principios fundamentales: el principio de subsidiariedad, mediante el cual el Estado delega en los Colegios Profesionales de Ley la misión de organizar un sistema de convivencia que individual y colectivamente sirva para la realización en dignidad del grupo social que conforman, y a su vez, constituyan un medio de contribución al bien común en general, o sea la compresión del segundo principio esencial: la solidaridad.
En función de estos principios, los Colegios Profesionales en los cuales el legislador como representante del pueblo delega las funciones que más adelante detallaremos, son entidades de derecho público estatal.

Son sus funciones esenciales:
a) El gobierno de la matricula profesional.
b) El ejercicio de la potestad disciplinaria de sus integrantes.
c) La creación de un sistema de previsión social propio.
d) La ayuda gratuita a los carentes de recursos.
Las funciones de los Colegios de Ley, obviamente, imponen la matriculación obligatoria de los profesionales para ejercer su profesión.
Esta situación ha provocado que la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina debiera pronunciarse en numerosas oportunidades, citando entre algunos de sus fallos el caso “Colegio de Médicos de la Segunda Circunscripción de Sta. Fe ” (/04/1957), donde expreso´: “La Institución Colegial
investida de poderes por ejemplo disciplinarios, es el medio más apto para asegurar, con la participación de los propios interesados, el buen orden de la profesión y su correcto desempeño en el marco de normas éticas”.
En otros pronunciamientos concordantes la Corte ha expresado que: “los hombres no se piensan aislados y vinculados únicamente por la competencia, sino, por sobre todo como participes de una empresa que les es común. La institucionalización de esta realidad y de los valores presentes en la misma es algo que, como principio, no puede ser sino aprobado, pensando en una democracia social en la cual asumen cada día mayor importancia las llamadas entidades intermedias” (Caso Sa´nchez, Marcelino c/Caja Forense de la Prov. del Chaco, 21/08/1973).
En ocasión de sancionarse la ley 23.187 en Junio de 1985 creando el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y estableciendo la Colegiación legal en el ámbito de la Capital Federal, la Corte Suprema ratifico´ la inalterable doctrina ya citada, produciéndose un fenómeno desconocido en la República Argentina. Algunos abogados que habían impulsado la impugnación de la ley 23.187, recurrieron ante el sistema interamericano, argumentando la violación al art. 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que consagra como derecho del hombre el de asociarse libremente. En su queja adema´s

consideraron que la obligación de prestar asistencia juri´dica a los carentes de recursos “era un trabajo forzado en los te´rminos del art. 6.1 de la Convencio´n”.

En todos los casos la Corte Interamericana de Derechos Humanos rechazo´ los recursos sentando la siguiente doctrina a partir del primer caso resuelto el treinta de marzo de mil novecientos ochenta y ocho: “La Corte observa que la organizacio´n de las profesiones en general, en Colegios Profesionales, no es per se contraria a la Convencio´n sino que constituye un medio de regulacio´n y de control de la fe pu´blica y de la e´tica a trave´s de la actuacio´n de los colegas. Por ello, si se considera la nocio´n de orden pu´blico en el sentido referido anteriormente, es decir, como las condiciones que aseguran el funcionamiento
armónico y normal de las Instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios, es posible concluir que la organizacio´n del ejercicio de las profesiones esta´ implicada en ese orden" (Opinión Consultiva (Series A - Juicios y Opiniones) No 5 de 19 de noviembre de 1985, p. 40).

La doctrina citada plasma los principios de subsidiariedad, solidaridad y servicio al bien comu´n que constituyen el pilar y base de la Colegiacio´n legal.
Debe tenerse presente adema´s que la Colegiacio´n legal en ninguno de los pai´ses que se ha implantado ha violado el principio de libre asociacio´n para fines u´tiles que esta´ consagrado en todas las leyes de Colegiacio´n sancionadas en el mundo.
Tal norma juri´dica, sabia en su respeto a la libre asociacio´n de los seres humanos asegura a los/las profesionales que al margen de la Colegiacio´n legal pueden asociarse libremente con fines u´tiles, pero sin por ello dejar de cumplir obligatoriamente con la afiliacio´n al organismo que por ley gobernara´ su matri´cula, su conducta e´tica, sus deberes con la comunidad y velara´ por su respeto y dignidad en su actuacio´n profesional. Por las razones expuestas, no habiendo objeción a la constitucionalidad ni a la convencionalidad del régimen de colegiación legal para estas profesiones, propiciamos la derogación del régimen vigente, solicitando el acompañamiento de mis pares para este proyecto.


Dip. Juan Carlos Ayala Dip. Mónica Teresa CubellsDip. Gladis Noemi Cristaldo










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