Proyecto De Ley  Nro:1452/2021
Extracto:CREA PROGRAMA “COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA SUSTENTABLE".-Estado:En Trámite -
Fecha de Presentacion
06/07/21 10:16
Oficina:Mesa de Entradas  
Pasado a:Despacho  
Autores:Diputado Nadia Soledad Garcia Amud,
ultima actualizacion
LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE CHACO
SANCIONA CON FUERZA DE LEY

CREA PROGRAMA “COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA SUSTENTABLE”
ARTÍCULO 1º: Créase el Programa de “Compras y Contratación Pública Sustentable” en el ámbito de la Provincia del Chaco, el que se regirá de conformidad a las disposiciones de la presente y acorde al Manual de Contrataciones Públicas Sustentables que se instrumente a tal fin.
ARTÍCULO 2°: Se entenderá por “Contratación Pública Sustentable” al procedimiento que realizan las organizaciones públicas para satisfacer sus necesidades de bienes, servicios, trabajo e insumos de manera que obtengan valor por su dinero sobre la base del ciclo de vida, con la finalidad de generar beneficios para la institución, para la sociedad y la economía, y al mismo tiempo minimizar el impacto sobre el ambiente.
ARTÍCULO 3°: Se denominará “Criterio de Sustentabilidad” al requisito o recomendación a considerar en todas las etapas de la contratación pública, desde la evaluación de la necesidad de compra y hasta la disposición final del bien o finalización de la prestación del servicio, que busca minimizar, eliminar y/o mitigar los impactos negativos relativos a aspectos ambientales, sociales y/o económicos en el ciclo de vida del bien o servicio a contratar.
ARTÍCULO 4°: Los objetivos del programa creado por la presente, serán:
a) Promover la adquisición y contratación de bienes, obras y servicios con minimización de impacto ambiental, por parte de la administración pública.
b) Garantizar el uso racional y económico de los fondos públicos, con criterio de sustentabilidad.
c) Propiciar cláusulas ambientales en los instrumentos de compra y contratación pública.
d) Afianzar al Sector Público Provincial como consumidor responsable en favor de la preservación del ambiente y la gestión sostenible de los recursos.
e) Fomentar políticas de compra y contratación pública que favorezcan el desarrollo y la difusión de productos y servicios amigables con el medio ambiente.
f) Reducir el volumen de residuos generados por el sector público provincial, incentivar medidas tendientes al reciclado y minimizar la cantidad destinada a disposición final.
ARTÍCULO 5°: Los principios generales a los que deberá ajustarse la gestión de las contrataciones, teniendo en cuenta las particularidades de cada una de ellas, serán:
a) Sustentabilidad: uso de servicios y productos que responden a las necesidades actuales y ofrecen una mejora en la calidad de vida, a la vez que se minimiza el uso de recursos naturales y de materiales tóxicos, así como la generación de los residuos y la emisión de contaminantes durante el ciclo de vida del servicio o el producto, con el objeto de evitar poner en peligro las necesidades de las generaciones futuras.
b) Valor por Dinero: la evaluación de la oferta más conveniente, comprende no sólo el precio -ponderación cuantitativa- de un bien o servicio, sino elementos -ponderación cualitativa- que están asociados a los costos de la compra, uso, mantenimiento y fin de la vida útil del bien o servicio y su relación con el ambiente.
ARTÍCULO 6°: El Programa creado por la presente se implementará, en orden a los criterios de sustentabilidad generales que se enumeran a continuación:
a) Cumplimiento de normativa ambiental: será relevante que los proveedores acrediten las certificaciones ambientales pertinentes, otorgadas por instituciones idóneas en la materia.
b) Materias Primas: conservación y recuperación de recursos naturales y de bajo impacto ambiental de los insumos.
c) Uso: eficiencia, minimización del consumo de productos auxiliares, prevención de la contaminación y durabilidad de los productos.
d) Distribución: implementación de un transporte eficiente.
e) Fin de vida del producto: empleo de materiales compatibles para facilitar el reciclado, reutilización y la posibilidad de aplicación de un programa de logística inversa.
f) Criterios éticos y sociales: priorizar la adquisición bienes y servicios de industria nacional, con prevalencia de ofertas realizadas por las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) locales, emprendedores y organizaciones de la economía social y solidaria.
ARTÍCULO 7°: Institúyase un Manual de Contrataciones Públicas Sustentables, el que revestirá como instructivo legal confeccionado y actualizado por el Poder Ejecutivo, a través del cual se determinarán los criterios ambientales a observar por parte de la Administración Provincial al momento de iniciar y durante todo el proceso de contratación, teniendo en cuenta el impacto sobre el medio ambiente que los bienes, obras o servicios tienen en todo su ciclo de vida, con el fin de reducir costos financieros y ambientales.
A tal efecto se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) Eficiencia energética.
b) Uso responsable del agua.
c) Evaluación de las tecnologías que permitan la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero.
d) Emisión de contaminantes.
e) Generación y tratamiento de residuos.
f) Racionalización del consumo de productos contaminantes.
g) Toxicidad de bienes e insumos.
h) Durabilidad.
i) Empleo de combustibles menos contaminantes.
j) Desempeño ambiental del proveedor.
ARTÍCULO 8°: La autoridad de aplicación será designada por el Poder Ejecutivo, quien deberá elaborar el Manual de Contrataciones Públicas Sustentables instituido por el artículo precedente, dentro los 180 días de la entrada en vigencia de la presente. A tal fin, garantizará la participación a las organizaciones no gubernamentales que tengan por objeto la protección del ambiente, los derechos de los consumidores y asociaciones empresarias.
ARTÍCULO 9°: La autoridad de aplicación deberá actualizar anualmente el Manual de Contrataciones Públicas Sustentables, a efectos de ajustar los criterios ambientales de observación imperativa, con la finalidad de acompasar a la nueva legislación en la materia, el avance científico y la mejor tecnología disponible.
ARTÍCULO 10: La presente ley será complementaria al “Régimen de Contrataciones” establecido por Decreto 3566/77, sus modificatorias y demás normativa relacionada.
ARTÍCULO 11: Modifíquese el artículo 123 de la Ley 1092-A -de Administración Financiera-, que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 123: El Sistema de Contrataciones está compuesto por el conjunto de órganos, normas, recursos y procedimientos que, mediante su operación, permiten al Estado obtener los bienes, las obras y los servicios que necesita para realizar su gestión, considerando criterios de sustentabilidad en las contrataciones.”.
ARTÍCULO 12: Invítese a los municipios a adherir a la presente Ley y a instrumentar la normativa pertinente para la implementación del Programa de “Compras y Contratación Pública Sustentable” en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones y en el marco de sus competencias.
ARTÍCULO 13: Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo. -



FUNDAMENTOS
El presente proyecto de ley tiene por objeto establecer un programa de compra y contrataciones sustentables, impulsando un cambio en el concepto de la Administración Pública, vinculándola con los principios de sostenibilidad y con las cuestiones relativas al ordenamiento ambiental.
Las compras y contrataciones públicas sustentables consideran, además de aspectos económicos y monetarios (como precio, calidad, disponibilidad, funcionalidad, etc.), los impactos sobre el medio ambiente que el producto y/o el servicio tiene en todo su ciclo de vida, y los aspectos sociales como efectos sobre la erradicación de la pobreza, la equidad, las condiciones laborales, los derechos humanos.
Las políticas públicas de desarrollo sustentable contribuyen a garantizar procesos de crecimiento con mejores niveles y/o calidad de vida para las generaciones actuales y futuras. La organización del Estado y sus capacidades de liderazgo, articulación, regulación y control son claves para que la protección ambiental y el desarrollo productivo no se presenten como objetivos excluyentes, sino como una oportunidad para mejorar la competitividad y el acceso a mercados.
El desarrollo sostenible se define como “la capacidad que haya desarrollado el sistema humano para satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer los recursos y oportunidades para el crecimiento y desarrollo de las generaciones futuras.” (v.gr. informe Brundtland, “Our Common Future”, publicado en 1987 y luego adoptada por el World Commission on Environment and Development de las Naciones Unidas).
Dicho criterio, en su vínculo con la administración pública, procura la incorporación de requerimientos medioambientales en los contratos de suministro, obras y servicios como la eficiencia energética, el uso de productos reutilizables, el empleo de energías renovables, la minimización de emisiones, la adecuada gestión de residuos, etcétera.
Las Compras y Contrataciones Públicas Sustentables implican también un enfoque de Ciclo de Vida, es decir pensar en las distintas etapas en la “vida” del bien o servicio, desde la generación o extracción de materias primas, hasta su disposición final y considerar los impactos ambientales, sociales y económicos que provoca. Este enfoque nos dará información sobre el “costo real” de aquello que estamos contratando.
En esta línea de acción, al introducir el criterio de sustentabilidad en las compras y contrataciones de bienes y servicios con la modificación del artículo 123 de Ley 1092-A, de LEY DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL y, paralelamente, que opere como norma complementaria del “Régimen de Contrataciones” vigente, permitirá contribuir a mejorar la eficiencia económica y ambiental del gasto público y promover a los proveedores del Estado a cambios orientados hacia hábitos de consumo y producción socialmente responsables.
La importancia de las compras públicas respetando el ambiente y la sociedad se ve reflejado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible también conocidos como “ODS” de la Organización de Naciones Unidas (ONU), específicamente en objetivo N° 12 que reza: Producción y Consumo Responsables y su meta 12.7: Promover prácticas de contratación pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades nacionales. En la misma sintonía, el nuevo Código Civil y Comercial Unificado de nuestro país en su art. 1094 habla del “acceso al consumo sustentable”.
Asimismo, nuestra Constitución Nacional, fija un objetivo a través del tiempo ya que prevé “que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.” (cfr. art. 41 CN), incorporando la noción del desarrollo sostenible. En idéntico criterio nuestra Constitución Provincial 1957-1994, en el artículo 38 establece que “Todos los habitantes de la Provincia tienen el derecho inalienable a vivir en un ambiente sano, equilibrado, sustentable y adecuado para el desarrollo humano…”, imponiendo el deber de realizar las actividades productivas de conformidad con un modelo de desarrollo que haga que la vida sea viable en nuestro planeta, tanto hoy como en el futuro.
En consecuencia, podemos afirmar que la sustentabilidad es un principio al cual debe adecuarse toda contratación pública. Máxime que es dable destacar que dicho postulado se encuentra definido en el art. 4 de la Ley General del Ambiente N° 25.675, que prescribe: “Principio de sustentabilidad: El desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los recursos naturales deberán realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente, de manera tal, que no comprometa las posibilidades de las generaciones presentes y futuras”.
Así, mediante las contrataciones públicas sustentables se trata de canalizar el poder de compra del Estado para influir positivamente en el mercado, a través de la provisión de bienes y servicios que favorezcan el desarrollo sostenible, haciendo especial foco tanto en el consumo como en la producción, por lo que el presente proyecto pone en cabeza del Poder Ejecutivo Provincial, en su carácter de “Jefe de la Administración” (cfr. art. 141 CP), la determinación de la autoridad de aplicación y la elaboración del manual de contrataciones públicas sustentables, de conformidad a las pautas o criterios diseñados en la iniciativa.
La preocupación por la protección y conservación nos interpela a todos, en este sentido, el Papa Francisco en su encíclica “Laudato Si” sobre “El Cuidado de la Casa Común”, nos dice que “El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. El Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos creado. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. Deseo reconocer, alentar y dar las gracias a todos los que, en los más variados sectores de la actividad humana, están trabajando para garantizar la protección de la casa que compartimos. Merecen una gratitud especial quienes luchan con vigor para resolver las consecuencias dramáticas de la degradación ambiental en las vidas de los más pobres del mundo. Los jóvenes nos reclaman un cambio. Ellos se preguntan cómo es posible que se pretenda construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en los sufrimientos de los excluidos.
Al referirse al Medio Ambiente, el Santo Padre resalta que la humanidad se encuentra inmersa en el mismo, lo cual hace imposible separar a la sociedad del medio que la rodea, algo que la gran mayoría parece ignorar, por lo tanto, el Sumo Pontífice nos recuerda que “Cuando se habla de «medio ambiente», se indica particularmente una relación, la que existe entre la naturaleza y la sociedad que la habita. Esto nos impide entender la naturaleza como algo separado de nosotros o como un mero marco de nuestra vida. Estamos incluidos en ella, somos parte de ella y estamos interpenetrados. Las razones por las cuales un lugar se contamina exigen un análisis del funcionamiento de la sociedad, de su economía, de su comportamiento, de sus maneras de entender la realidad. Dada la magnitud de los cambios, ya no es posible encontrar una respuesta específica e independiente para cada parte del problema. Es fundamental buscar soluciones integrales que consideren las interacciones de los sistemas naturales entre sí y con los sistemas sociales. No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza.”

Como corolario de los argumentos esbozados, esta propuesta legislativa se inscribe en el marco de la Agenda de Naciones Unidas 2030, conforme Resolución 70/1 aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015, mejor conocida como “Objetivos de Desarrollo Sostenible” -ODS-, que constituyen un verdadero plan de acción global trazado por la Comunidad Internacional en favor de las personas, el planeta y la prosperidad, lo cual está íntimamente vinculado con lo establecido en el “Plan Chaco 2030” y con la ley 3330-R, sancionada por ésta Legislatura en fecha 23 de diciembre del año 2020, iniciativa enviada por el Gobernador de la Provincia, Cr. Jorge Milton Capitanich.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares el acompañamiento para la sanción del presente Proyecto de Ley.-


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